Cinco comunidades alegarán contra la modificación de plazos de la Loce
Las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Valencia y Baleares, cinco de las ocho comunidades gobernadas por el PP, han solicitado audiencia con el Consejo de Estado para exponer sus alegaciones contra el decreto que modifica el calendario de aplicación de la Loce. El Ministerio de Educación y Ciencia remitió ayer al Consejo de Estado el borrador del Real Decreto que modifica el calendario de aplicación de la Ley de Calidad de la Educación (Loce) para que esa institución emita el dictamen preceptivo antes de remitirlo para su aprobación al Consejo de Ministros. Según fuentes del Consejo, la tramitación de las peticiones «se hace en función de la urgencia del dictamen» pedido, «y este tiene, efectivamente, ese carácter», aunque no pudieron precisar cuándo se ha convocado al resto de las comunidades ni para cuándo podría estar listo su informe. El Decreto, que el Ministerio confía en que se apruebe en Consejo de Ministros este mismo viernes, ya ha pasado por la Conferencia Sectorial de Educación y por el Consejo Escolar del Estado, que lo informó favorablemente el pasado viernes. Tras aprobar el decreto e interrumpir formalmente la aplicación de la Ley, el Ministerio de Educación abrirá un proceso de debate para tratar de alcanzar un amplio consenso, y plasmará los cambios en un proyecto de ley de reforma que entrará en el Congreso entre los meses de octubre y noviembre y cuya tramitación parlamentaria se prolongará hasta aproximadamente mayo de 2005. Las actuaciones promovidas por el Gobierno han sido criticadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han advertido del «caos» que pueden generar estas modificaciones a falta de cuatro meses para el inicio del nuevo curso. El Congreso da luz verde Por otra parte, el pleno del Congreso aprobó ayer, por mayoría, una proposición no de ley del PSOE en la que se apoya la decisión del Gobierno de parar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación con objeto de recuperar el consenso. Con 180 votos a favor, 137 en contra (PP) y ninguna abstención, la Cámara Baja dio luz verde a una proposición del PSOE, que refundió enmiendas de IU, CC y grupo mixto, en la que se respalda el retraso en la aplicación de la Ley decidido por el Gobierno.