La estrategia sobre población prevé crear zonas de actuación preferente

Castilla y León ya cuenta con una estrategia autonómica para luchar contra el que se considera su primer problema, la continua pérdida de población. En total, y después de casi un año de trabajo, PP y PSOE han logrado consensuar 73 medidas concretas, algunas de las cuales ya tendrán consignación presupuestaria en las cuentas de Castilla y León para el próximo 2006. Entre las grandes novedades de esta estrategia, cuya firma formal no se producirá hasta después del debate sobre el estado de la comunidad, figura la delimitación de zonas de actuación preferente que serán prioritarias en muchas de las políticas y líneas de ayuda de la Junta. Los criterios que definen estas zonas son la despoblación (una densidad inferior al 50% de la media de la comunidad), el retroceso demográfico, su ubicación periférica, así como ser zona de montaña, comarca minera o zona con espacios naturales. Ordenación territorial Otro de los aspectos destacados del documento es que establece que la Junta de Castilla y León deberá presentar antes de junio del 2006 un proyecto de ley de ordenación del territorio, para cuya elaboración se tendrán en cuenta todos los documentos que sobre la materia se redactaron en la pasada legislatura. A este respecto, el portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión no permanente sobre Población, Francisco Ramos, aseguró que su partido no descarta la propuesta sobre comarcalización que ya presentaran en la anterior etapa política. Para avanzar en la definición de estas áreas en las que debe ordenarse la comunidad, las Cortes de Castilla y León crearán un grupo de trabajo específico. Plan para zonas rurales Asimismo, la estrategia prevé la aprobación de un plan para zonas rurales despobladas, en el que se incluirían medidas para incentivar a los nuevos pobladores. También en relación al ámbito rural, se establece el compromiso de que la Junta remita antes de finalizar el año 2006 un proyecto de ley de desarrollo rural, así como un plan de apoyo al comercio rural con un tratamiento fiscal favorable. Igualmente, se prevén planes específicos para las cuencas mineras y el compromiso de completar los instrumentos de planificación de los espacios naturales, aunque en este aspecto no se fijan plazos concretos. En materia fiscal y financiera, la Estrategia establece la necesidad de estudiar la conveniencia de dotar a la comunidad con un instrumento financiero específico.