La Junta recurre al Constitucional la reforma del plan de regadíos

La Junta de Castilla y León aprobará mañana la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 11/2005 de 22 de junio, que modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional por considerar que se conceden a la Generalitat de Cataluña una potestad sobre la gestión de la cuenca del Ebro que afectaría al caudal del río a su paso por la comunidad. Según informaron fuentes del Gobierno autonómico, los servicios jurídicos han concluido ya la redacción del recurso y, en estos momentos se encuentra en el Consejo Consultivo de Castilla y León, que, en las próximas horas, deberá emitir el preceptivo dictamen, según establece el artículo 4 de la ley de creación de este máximo órgano consultivo de Castilla y León. Estas mismas fuentes consideran que la parte más polémica de la nueva ley es la disposición adicional décima, que regula todo lo relacionado con la puesta en marcha de un Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y que atribuye al Gobierno catalán diversas facultades que, en la Península, sólo tiene Portugal respecto de los ríos que nacen en España. En esta disposición, se establece que tanto para la redacción del Plan, como para la ejecución y coordinación de sus actuaciones, la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña suscribirán el oportuno instrumento de colaboración. Entre los cometidos que tendrá el plan figura la «definición del régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino próximo». La intervención de la Generalitat catalana se establece que «ambas Administraciones, previo mutuo acuerdo, aprobarán el Plan en el ámbito de sus respectivas competencias». Esta cuestión, según algunos juristas, supone una cesión de competencias exclusivas del Estado por lo que debería haberse realizado mediante una ley orgánica. La Junta considera que esta reacción le permitirá a la Generalitat un control sobre el caudal del Ebro que llega a esa comunidad lo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, afectará a regiones como Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla y León por las que también transcurre el río. Valencia también apoya Castilla y León es la segunda comunidad que presentará un recurso contra la citada ley. El pasado día 15 fue Valencia quien acudió al Constitucional al considerar que atribuye a la Generalitat «la misma capacidad que tiene el Gobierno de España para decidir sobre el caudal del río Ebro», según indicó el portavoz del Gobierno autonómico, Esteban González Pons. Según el Ejecutivo autonómico valenciano, esta modificación también «vulnera el espíritu equilibrador» que prevé la Constitución.