El Parlamento autonómico se adapta poco a poco a sus nuevas reglas de juego

Las Cortes de Castilla y León tienen desde este mes nuevas reglas de juego y eso se empieza a notar. Durante los dos plenos celebrados en septiembre, los procuradores castellanos y leoneses se han tenido que ajustar a unos tiempos de intervención más reducidos, mientras que el Ejecutivo autonómico ha aprendido a contestar un mayor número de preguntas. Y es que el nuevo Reglamento de las Cortes, aprobado el pasado 11 de mayo de 2005, entró en vigor el 1 de septiembre con el objetivo de revitalizar, agilizar y acercar al ciudadanos los debates parlamentarios. Según ha destacado su presidente, José Manuel Fernández Santiago, «esta reforma constituye un hito en la trayectoria parlamentaria de la comunidad» ya que surge del acuerdo histórico alcanzado entre los dos partidos mayoritarios en la Cámara legislativa tras años de negociaciones (las primeras conversaciones comenzaron en 1996.) El primer eje de esta reforma es el de modernizar la propia institución, adaptando sus procedimientos y formas de actuar a los nuevos tiempos. Este aspecto puede apreciarse en la incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad parlamentarias. Varios preceptos de la reforma ya hacen referencia a la utilización de soportes informáticos o a la trasmisión telemática de documentos. (art. 7). Además, se establece una regulación más completa del Grupo Mixto, estableciendo la obligatoriedad de designar por mayoría absoluta de sus miembros a su Portavoz y de aprobar su Reglamento de Funcionamiento interno. Para atajar el transfuguismo, se recoge por primera vez primera la figura del (art 23.), situación que se produce cuando un Procurador abandona voluntariamente o es expulsado del Grupo Parlamentario al que partencia, (salvo el Grupo Mixto). Más rápidez El segundo gran eje es la propia agilización de los trabajos parlamentarios, algo que venía siendo muy demandado por los responsables políticos y por el conjunto de la sociedad. En este sentido, la reforma da un paso adelante, simplificando procedimientos e incrementando el número de días hábiles. Así, se celebrarán al menos dos plenos al mes, con lo que podrán abordar muchos más cuestiones de interés para los ciudadanos. Además, se celebraran con carácter obligatorio sesiones monográficas como el Debate de Política General o el Informe del Procurador del Común. En tercer lugar, el Reglamento busca aumentar la eficacia del control parlamentario al Ejecutivo autonómico. Así, entre otras cuestiones, por primera vez se regula el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebrará una vez al año, entre febrero y junio, siempre y cuando no haya elecciones.