La Audiencia Nacional paraliza el traslado de los papeles del archivo

La sala de lo contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acordó ayer paralizar el envío de los papeles del Archivo de Salamanca al admitir la medida cautelarísima que en este sentido solicitaba en su recurso el Ayuntamiento de Salamanca. Según informaron a Efe fuentes de la Audiencia Nacional, la Sala ha adoptado esta decisión por razones de urgencia y tiene previsto revisarla el próximo martes tras oír a las distintas partes. Así, el tribunal ha citado para el martes al abogado del Estado y al representantes del Ayuntamiento salmantino para oír sus alegaciones, tras lo cual decidirá si levanta o confirma la suspensión del traslado que acordó ayer. El recurso presentado por el Consistorio salmantino fue recibido a última hora de la mañana de ayer por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal. El Ayuntamiento de Salamanca impugnó ante la Audiencia el traslado de los papeles por entender que se incumplió la ley y solicitó que, de forma cautelar, las cajas permanezcan en el Ministerio. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, explicó que la petición de que los papeles permanezcan en Madrid se fundamenta, entre otros argumentos, en que «se ha vulnerado la ley» que ordena el traslado de estos fondos documentales, ya que parte de ellos no corresponden a instituciones o particulares catalanes. Recurso ante el TC Por otro lado, también ayer el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y que hasta el pasado jueves estaban custodiados en el archivo de la contienda, con sede en Salamanca. El Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado tienen ahora un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que se estimen oportunas, también sobre la suspensión cautelar que en su día presentó la Junta, la de que no saliese ningún documento hasta que existiera una sentencia firme. Para ello, el TC ha remitido a dichas instituciones la demanda y los documentos que la acompañan, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del TC, según informó Ical. En el recurso, presentado el 12 de diciembre, el Gobierno autonómico sostiene que la normativa que se publicó en el BOE el 18 de noviembre «viola de forma flagrante» tres artículos de la Constitución Española (149, 46 y 9). En concreto, argumenta que el artículo 1 y 2.2 de la norma infringe el artículo 149.1.28 de la Constitución que atribuye al Estado competencias para la defensa del patrimonio cultural, archivístico y monumental contra la exportación y expoliación. Junto a esta infracción, el recurso establece que los artículos 1, 2.2, 3 y 5 de la norma carecen de justificación y son arbitrarios, ya que violan el artículo 9 de la Constitución. En concreto, estos tres puntos recogen la transferencia a la Generalitat de todos los documentos que se incautaron en Cataluña y no exclusivamente los que se expoliaron a la Generalitat. Además, según el recurso, la normativa transfiere a la Generalitat competencias del Estado.