Diario de León

El Ejecutivo autonómico asegura que «no recoge las alegaciones ni resoluciones» planteadas

La Junta tilda de «incompleto» el informe del Consejo de Cuentas

El PSOE critica que la gestión «raya la ilegalidad y constituye casi un delito»

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F. Díez - valladolid
León

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La Junta de Castilla y León solicitó ayer la comparecencia en las Cortes de Fuensaldaña de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para que explique la fiscalización autonómica tras conocerse el informe del Consejo de Cuentas relativo a 2003, que el Ejecutivo califica de «incompleto». El informe, divulgado a través de la página web del Consejo de Cuentas, es, según analiza la Junta de Castilla y León en comunicado de prensa, «incompleto», ya que «no recoge las alegaciones de la Junta ni las resoluciones». El comunicado arguye que la vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, solicitó el pasado 3 de agosto al presidente del Consejo de Cuentas, Pedro Martín, que se incorporase al «Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y Contratación Administrativa del ejercicio 2003, incluido en el Plan Anual de Fiscalización 2004, las alegaciones formuladas por la Administración y las resoluciones recaídas sobre ellas». María Jesús Ruiz discrepa A juicio de la Junta, en el informe del Consejo autonómico de Cuentas deben constar las alegaciones de la Administración, «así como las resoluciones recaídas sobre ella, como establece el Artículo 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, para que dicho informe esté completo». La vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, aseguró que la información que se ofrece en el informe de fiscalización del Consejo de Cuentas «es muy parcial y hay conceptos que no se utilizan como deben ser». Ruiz señaló que «se nota que es el primer informe sobre la Cuenta General que emite este organismo porque no ha estado muy ajustado en algunas cuestiones», si bien recordó que las cuentas de la comunidad vienen siendo fiscalizadas desde su propia constitución por el Tribunal de Cuentas y «nunca ha habido ningún apercibimiento». La vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo autonómico reconoció que «hay algunas cuestiones técnicas que son subsanables porque tienen que ver con soportes informáticos o ajustes técnicos», pero insistió en que «no hay una percepción de que esto no funciona». «Múltiples irregularidades» El secretario autonómico del PSOE, Ángel Villalba, aseguró que el informe demuestra que la gestión de la Junta «raya la ilegalidad y constituye casi un delito». Villalba explicó que el Consejo de Cuentas «ha detectado múltiples irregularidades que en algún caso, sobre todo en la gerencia del Sacyl, tiene que ver casi con la malversación de fondos, y casi con el delito». El socialista indicó que una administración como la Junta, «que ha apostado por lo privado, no puede perder de vista la gestión de cada ente que se crea; donde resulta que cada responsable hace lo que tiene a bien». El líder del PSOE criticó a la vicepresidenta de la Junta, por sus declaraciones en las que «intentaba quitar importancia al informe del consejo».

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