Asaja advierte de que la nueva ley del suelo permite confiscar tierras

La organización profesional agraria Asaja de Castilla y León confía en que prospere el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP sobre la Ley del Suelo, ya que permite al Estado realizar expropiaciones de tierra a los agricultores «a un justiprecio que roza la confiscación». A través de un comunicado, Asaja recuerda que se opuso a esta norma durante su tramitación, antes de que fuera finalmente aprobada en mayo, y en concreto a la aplicación del artículo 22, que se refiere a la valoración del suelo rural. La organización agraria critica que a partir de ahora el valor del terreno se calcule por el sistema de capitalización de renta, es decir, por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio que se adquirió. Con este nuevo sistema de valoración, en opinión de Asaja, el nuevo justiprecio del suelo rural resultará «verdaderamente irrisorio, ya que será mucho menor al actual y rondará entre 3 y 6 euros el metro cuadrado», según los cálculos realizados por esta organización agraria, que censura la forma de proceder del Gobierno en este asunto. La Junta de Castilla y León confirmó que no recurrirá la Ley estatal del Suelo, aunque consideró que este texto legal es «innecesario» en esta Comunidad porque «aquí ya estamos aplicando los principios generales» de la ley aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo pasado. Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ratificó la tesis expresada ayer por el consejero de Fomento, Antonio Silván, y concretó que «en este momento la decisión es no recurrir». Cuestionado por la queja expresada contra la Ley del Suelo por la organización profesional agraria Asaja, que cuestiona el tratamiento expropiatorio que recibe el terreno rural, De Santiago-Juárez indicó que, sin analizar al detalle el texto, «los principios básicos» de la norma estatal «ya se aplican en Castilla y León», por lo que insistió en que «no era necesaria».