Extremadura estudia recurrir el Estatuto por la gestión del Duero

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura solicitó ayer un informe al Consejo Consultivo de la Comunidad para determinar la constitucionalidad del artículo 70.4 de la reciente reforma del Estatuto de Castilla y León que le otorga competencias exclusivas sobre la gestión de la Cuenca del Duero, a fin de estudiar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el nuevo texto estatutario. (El artículo de la polémica no es el 70.4 como dice la Junta de Extremadura sino nel 75.4) El presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, argumentó esta decisión en la necesidad de mantener la «coherencia» con respecto a las actuaciones emprendidas contra el Estatuto de Andalucía en relación a la Cuenca del Guadalquivir. En el caso del texto de Castilla y León, el presidente extremeño apuntó al artículo 70.4 en el que se recoge como «competencia exclusiva» la gestión de las aguas y la cuenca, que, en su opinión, puede afectar a los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría. El presidente extremeño reconoció que el texto está «muy matizado» en esta cuestión, pero añadió que figura el término de «competencia exclusiva». En este sentido, manifestó que la Constitución establece que las competencias de las cuencas, cuando transcurren por más de una comunidad, corresponden al Estado, aspecto para el que se recaba, desde la Junta de Extremadura, el informe del Consejo Consultivo, «lo cual no quiere decir que vayamos a presentarlo». «Si no figurase la palabra exclusiva en el articulado no nos induciría a error ni a duda, pero como figura esta palabra nos genera duda y lo mandamos al Consultivo», insistió el presidente de la Junta extremeña, quien quiso justificar esta decisión en «la defensa de los intereses de Extremadura y también en defensa de los instrumentos de cohesión básicos del Estado y del Gobierno de España». Fuentes del Gobierno autonómico extremeño precisaron a la agencia Ical que el texto de Castilla y León no es similar al andaluz ya que sólo afectaría a dos pequeños municipios del norte de Cáceres, si bien insistieron en que «tienen que ser consecuentes con lo hecho hasta ahora y estudiarlo».