Herrera y Granizo coinciden en que la Junta gestione Justicia tras las elecciones

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el fiscal superior de la comunidad, Manuel Martín Granizo, coincidieron ayer en desear que, pasado el proceso electoral del 9 de marzo, el traspaso de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia a Castilla y León sea «lo más corto posible» y en las mejores condiciones. Así lo manifestó Martín Granizo en declaraciones a los periodistas después de la reunión con el presidente de la Junta, en la que le informó de la estructura y funciones de la Fiscalía Superior de la comunidad, constituida el pasado 21 de enero, conforme a la descentralización y modernización prevista por la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Hemos hablado de las futuras transferencias y de cómo deberían ser asumidas, en las mejores condiciones y le he ofrecido la lealtad institucional del Ministerio Fiscal», manifestó el Fiscal Superior, quien destacó que, conforme a la nueva estructura, las Cortes de Castilla y León intervendrán en los trámites del nombramiento de esta nueva figura y, además, presentará la memoria anual en el Parlamento autonómico. Respecto del traspaso de la competencia, añadió que «pasado el impasse electoral» será el momento y en el plazo «más corto posible» de que la comunidad asuma estas funciones, eso sí, siempre bien valoradas. Martín Granizo explicó que se trata de una gestión que tiene «dificultad» para la Junta porque asumirá competencias sobre la mejora de las instalaciones o sobre el personal, pero las decisiones «le vienen dadas». Así, afirmó que «la última palabra» en la creación de nuevos juzgados la tendrá el Ministerio Fiscal, que depende del Ministerio de Justicia. «Pequeña fiscalía» También señaló que el funcionamiento del órgano que preside, que definió como una «pequeña fiscalía» autonómica, dependerá de la transferencia en el desarrollo de algunas de sus funciones, entre ellas la posibilidad que recoge la ley de que las comunidades doten a este órgano de una Secretaría Técnica con medios ajenos al ámbito de la justicia, como personal administrativo o traductores de lenguas. «Espero que aquí se pueda disponer de profesionales que necesiten la fiscalía», una vez que la gestión pase a la Junta, aseveró. Nuevo reto En cuanto al órgano que dirige, reconoció que los cambios que han motivado su constitución se verán más en el ámbito de funcionamiento interno, donde se producirá una unificación de criterios o una agilidad en su desarrollo para que determinados asuntos no pasen a Madrid y se resuelvan en la jurisdicción autonómica. «Si los nueve fiscales funcionan adecuadamente, los ciudadanos lo notarán, y ese es el reto que me propongo y he asumido con entusiasmo». Este cambio en el organigrama de la Fiscalía obedece a la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyos objetivos son reforzar su autonomía, mejorar su capacidad funcional y actualizar su estructura jerárquica. En virtud del nuevo Estatuto se crea también la sección de Valladolid de la Fiscalía Superior de Castilla y León para atender los asuntos procedentes de las Salas del TSJ, cuyo responsable será designado en las próximas semanas, que será diferente del fiscal jefe de Valladolid. Los cambios de la nueva regulación suponen nuevas atribuciones para el fiscal superior, que asumirá las relaciones institucionales con las autoridades políticas de Castilla y León, tendrá que comparecer en las Cortes regionales para dar cuenta de la memoria anual de actividades, así como acudir al Parlamento cuando sea requerido para ello.