El Plan de calidad de aguas invertirá más de mil millones en la comunidad

El segundo Plan Nacional de Calidad de las Aguas prevé una inversión de 1.055 millones en Castilla y León, de los que el Estado aportará, por medio de diversas fórmulas de financiación, 350 millones y el resto los sufragará la comunidad, según figura en el borrador del convenio de colaboración entre ambas administraciones que fija el marco general de coordinación y financiación para la ejecución del programa, con un período de vigencia de ocho años, entre el 2007 y 2015. El documento, que fue remitido la semana pasada por el Ministerio a la consejera del ramo, María Jesús Ruiz, establece que la cuantía más significativa se dedicará a actuaciones de tratamiento de aguas en zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000. En concreto, será el 38 por ciento de la inversión, 400 millones, según explicó a Ical el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato, quien destacó que la Comunidad será una de las regiones más beneficiadas de la partida reservada para esta línea de actuación. Los 400 millones serán sufragados al 50 por ciento por la Junta y el Gobierno central, en este último caso con cargo al Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Se beneficiarán de la inversión en materia de saneamiento y tratamiento de aguas aquellos núcleos que aún no depuran según fija la Normativa Marco del Agua y que se consideran municipios que afectan de manera significativa a terrenos protegidos. El plan fija como municipios significativos a aquellos núcleos con 20.000 habitantes y menos de 2.000 con más de diez hectáreas de superficie en la Red Natura 2000 o cuando más del cinco por ciento del territorio de municipio está incluido en la misma. Para estos núcleos, que suman 1.232, el documento prevé dos tramos, uno para los de 20.000 habitantes sin estación depuradora de aguas residuales y otro para los de menos de 2.000 sin tratamiento, con sendas partidas de 131 y 270 millones de euros. «Continuación del primero» El nuevo plan, «continuación del primero y cuyo horizonte se fija en 2015, año en el que la normativa europea establece que los estados miembros deben alcanzar lo que se denomina el buen estado ecológico de las masas de agua», prevé 66 millones de euros para obras declaradas de interés general del Estado, aquéllas que quedaron pendientes en el anterior plan. En este caso, la partida la sufragará el Ministerio de Medio Ambiente y prevé, principalmente, cinco obras: depuradoras en el Alto Órbigo, que ya se encuentran en ejecución y que supondrán casi 30 millones; dos actuaciones en el Bierzo (diez millones), una en el Alberche (17 millones) y el emisario de la EDAR de Ávila hasta aguas abajo de la presa de las Cogotas (cuatro millones). La suma para actuaciones en zonas declaradas sensibles ascenderá a 37 millones, de los que el Ministerio aportará 9,26 millones de euros, el 25 por ciento de la inversión. Esta línea del plan busca la implantación de tratamientos de depuración más eficaces en las grandes aglomeraciones, mediante los llamados tratamientos terciarios, los más avanzados para luchar contra la contaminación. En este apartado, las obras más importantes se corresponden con Guijuelo (Salamanca), con una inversión de cuatro millones, y Valladolid, de cinco. Si bien, también se prevén intervenciones en Salamanca, Medina del Campo, Toro, Benavente, Palencia, etcétera, precisó Gato, quien indicó que en esta línea cada administración implicada realizará una serie de obras y no existirá cofinanciación, como ocurrió ya con el primer plan. La Sociedad Estatal Aguas del Duero cubrirá 150 millones del plan, que se financiarán al 50% entre la comunidad y el ministerio, con una fórmula en la que «se anticipa ese 50% a 45 años sin intereses, como será el caso de la Edar de Burgos», aclaró el presidente del órgano de cuenca. «Estas obras prevén, principalmente, ampliación de grandes depuradoras», como ocurrirá con las de Ávila, León, Segovia, Soria y Miranda de Ebro.