Diario de León

Las administraciones subvencionan el 75% de los gastos corrientes de estas instituciones

El 16,5% del gasto de educación va a parar a colegios concertados

Estos centros suponen el 18% del total y escolarizan al 26% de los alumnos

La LOE reconoce la existencia de la red de centros públicos y privados

La LOE reconoce la existencia de la red de centros públicos y privados

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efe | redacción - efe | madrid

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Las administraciones educativas transfieren cada año cerca de 5.000 millones de euros a centros docentes privados en concepto de conciertos y subvenciones, lo que representa una media del 17% de lo que emplean en enseñanza no universitaria. Una media nacional que ronda Castilla y León, donde el 16,5% del gasto se destina a este tipo de centros. En términos relativos, el País Vasco es la comunidad que más dedica a conciertos y subvenciones, un 30,7% de su gasto en educación no universitaria, mientras que Extremadura es la que menos, un 7,8 %. Así se deduce de los últimos datos provisionales publicados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), referidos a 2006. Ese año las Consejerías autonómicas de Educación y el Ministerio gastaron 36.930,8 millones de euros, de los que 27.669,3 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria y, dentro de esta partida, 4.726,4 millones fueron para conciertos y subvenciones. En Castilla y León, el gasto ascendió a 2.045,1 millones, de los cuales 1.544,6 millones fuerona parar a la educación no universitaria; un partida dentro de la cual 254,9 millones de euros se destinaron a conciertos y subvenciones. Un año antes la inversión en la educación concertada alcanzó los 4.353,1 millones de euros, según informa el Instituto de Evaluación, dependiente del MEPSYD. Además del País Vasco (30,7), Cataluña y Madrid se encuentran por encima de la media de financiación de la enseñanza privada concertada, ambas con un 22,1% de sus respectivos gastos en educación no universitaria, seguidas por Navarra (21,9%), Cantabria (20,4%), Comunidad Valenciana (20,2%) y Baleares (20,1%). En el entorno de la media se colocan La Rioja (17,2%) y Aragón (17,1%) y, por debajo, Castilla y León (16,5%), Murcia (14,1%), Galicia (13%), Andalucía (12,5%), Asturias (11,8%), Extremadura (8,6%) y Castilla-La Mancha (8,3%), aparte de Canarias (7,8%). Módulos económicos Cada año, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fijan el importe mínimo del módulo económico por unidad escolar y nivel de enseñanza, que las comunidades autónomas pueden aumentar, y que se distribuye entre salarios del personal docente (incluidas las cargas sociales), gastos variables y otros. Para 2008 los PGE establecieron el módulo de Infantil y Primaria en 37.577 euros; 45.579 euros en primero y segundo de ESO impartidos por maestros; 50.053 euros en primero y segundo de ESO impartidos por licenciados; y 61.577 euros en tercero y cuarto de ESO, con una subida media conjunta del 4,3%. Las organizaciones de enseñanza privada Fere-Ceca y Cece vienen reclamando una adecuación de estas cantidades al coste real del puesto escolar en los centros concertados. Según la Encuesta del INE sobre Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada en el curso 2004-2005, las administraciones públicas subvencionan el 75% de los gastos corrientes de los centros concertados. En el curso 2005-2006 el 18% de los centros docentes no universitarios eran privados con todas o parte de sus enseñanzas concertadas y escolarizaban al 26% de los alumnos. Las administraciones conciertan con los centros privados fundamentalmente la educación básica obligatoria (Primaria y Secundaria Obligatoria), aparte de la Infantil, programas de garantía social y, en menor medida, Bachillerato y FP. El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, recuerda que la Constitución de 1978 reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985) dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación de manera gratuita en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza, modelo que «respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza».

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