«Población, dispersión y superficie deben pesar en la financiación»

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La financiación de la Ley de Dependencia sigue siendo el gran caballo de batalla del consejero César Antón, que no duda siempre que puede en criticar la falta de fondos o los retrasos en la entrega de partidas presupuestarias por parte del gobienro central. esta vez, el reproche vino de mano de los criterios que marcan el reparto de los fondos para la Ley. Contrario a lo que se estableció para años anteriores, en esta ocasión la población, el territorio o la dispersión no se tendrán en cuenta a la hora de dividir el dinero entre las autonomías lo que, según el consejero, derivará en la pérdida de fondos para Castilla y León. «Si la ley aporta unas cuantías en función del tipo de servicio, debe tenerse en cuenta el territorio y las características de la población para aplicar esa financiación», valoró el consejero.

Pero no sólo hay críticas al reparto; el presupuesto establecido desde Madrid para la Ley no convence a Antón, que sigue demandando más fondos al Estado. Por el momento, el Gobienro sólo aporta el 19% del coste de una plaza dependiente, lo que le sitúa incluso por debajo del gasto al que debe hacer frnete el propio dependiente. El resto del dinero corre a cargo de Junta y usuario. De esta manera, ocho de cada diez euros vienen de los bolsillos de los porpios afectado y de la Junta, mientras que el gobinero tan sólo se hace cargo de dos.

En esta línea, el consejero también reprochó la asignación de recursos en función del grado de dependencia; Antón puso el ejemplo de los grandes dependientes y los severos, que en muchas ocasiones reciben los mismos servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial, mientras que el dinero que reciben es muy diferente.