Ante el cierre de Garoña

Opinión | JUAN vicente herrera

presidente de la junta de castilla y león

La decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013, impuesta personalmente por el señor Rodríguez Zapatero a pesar del informe técnico de seguridad que permite prolongar su vida útil en principio hasta 2019, es un capricho político, un disparate económico, y sobre todo una irresponsabilidad social y laboral.

Unas horas antes de que se hiciera pública esta decisión, el propio señor Rodríguez Zapatero aventuraba que la misma sería criticada «desde un lado y desde el otro», intentando adoptar así una posición de equilibrio que, sin embargo, está muy lejos de la realidad. El señor Rodríguez Zapatero ha tenido que renunciar a ser Herodes, pero su papel de Salomón no es tampoco precisamente un comportamiento razonado, razonable ni equilibrado. Así lo demuestra el hecho, casi una tomadura de pelo, de que en las últimas horas se hayan tenido que improvisar posibles alternativas económicas para la zona afectada por este cierre caprichoso.

Entre ellas ha vuelto a aparecer entre nosotros el fantasma de un pretendido parador de turismo en Miranda de Ebro, cuando la Comunidad todavía espera noticias de qué se hizo de los prometidos hace cinco años para Béjar y para Villablino. Razón tiene quien ha dicho que, si existen en Miranda condiciones para construir un parador, hágase este, pero no al precio de cerrar la central de Garoña.

Especialmente patética y reprobable, una vez más, es la posición sumisa y servil adoptada por los socialistas de Castilla y León, otro buen ejemplo de incoherencia política y de falta de compromiso con la comunidad.

Es necesario volver a recordar esta tarde, que las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad, y por tanto con el voto positivo de los socialistas, en la sesión plenaria de 16 de abril de 2008, una resolución por la que se instaba a la Junta a que solicitara del Gobierno de la Nación la renovación del permiso de funcionamiento de la central de Garoña en 2009, siempre y cuando fuera favorable el correspondiente dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear.

Fue ésta sin duda una resolución cargada de sentido común y de responsabilidad, con la que todos defendíamos por encima de cualquier otra cosa la seguridad para las personas y para el medio ambiente, y la continuidad de muchos empleos, y con la que no pretendíamos, ni mucho menos, ni resolver el difícil debate social existente sobre la energía nuclear, ni abrir el mapa de las centrales actualmente existentes.

El informe del Consejo fue finalmente favorable a esa continuidad por diez años más de vida útil, imponiendo una serie muy completa de exigencias y condiciones. Los mismos socialistas que apoyaron aquella resolución, justifican ahora una decisión que prescinde totalmente del informe técnico de seguridad, y que entre otras cosas llena de incertidumbre y se lleva por delante más de 1.000 empleos directos e indirectos en el área de influencia de Garoña, en unos momentos además de tan grave recesión como la que venimos atravesando.

Cuando esta misma tarde me llamaba el ministro de Industria, el señor Sebastián, para informarme de una decisión que ya conocían los medios de comunicación, me ofrecía la voluntad de colaborar para el desarrollo de alternativas económicas en la zona. Yo le reiteraba nuestro profundo desacuerdo con esta medida, pero le aseguraba que siempre se podrá contar con la Junta para impulsar iniciativas de futuro económico e industrial, entre las que le recordaba el polígono industrial de Ircio que la Junta está ejecutando en Miranda de Ebro, con una inversión próxima a los 35 millones de euros, y que nos va a permitir disponer de 2,5 millones de metros cuadrados nuevos de suelo industrial al servicio de ese futuro. Pero ese esfuerzo inversor lo realizamos por convicción, y no a cambio del sacrificio que se le va a imponer a la central y a sus empleos.

La Junta no abandonará a los trabajadores y a la zona de la Comunidad con cuyo futuro juega tan frívolamente el Gobierno socialista. E instará al futuro Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales a que revise esta desdichada decisión, siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear acredite que se mantienen las actuales condiciones y garantías.