Cuando sólo queda quejarse

El informe del Procurador del Común de 2008, presentado el pasado miércoles en las Cortes, recoge que la administración autonómica aceptó el 51% de las resoluciones que dictó el pasado año; la administración local, por su parte, asumió el 42% y el 53% fue rechazado o está pendiente. Además, el 56% de los dictámenes dan la razón al interesado y el 44%, a la administración.

Después de la entrega del informe en las Cortes para su debate por el plenario en septiembre, el defensor de los ciudadanos de Castilla y León, Javier Amoedo, desgranó el contenido de las quejas por áreas. En Función Pública, donde se han presentado 233, un 10%, el grueso corresponde a la tardanza entre la comunicación de los aprobados que se presentan a las pruebas y el nombramiento, y también al acoso laboral, con 14 denuncias.

El régimen jurídico y los servicios municipales, que absorben el 19% de las quejas (434), recibieron denuncias relativas al cumplimiento del derecho a la información a los concejales por parte de los equipos de gobierno así como al funcionamiento de servicios locales, como la calidad de las aguas. En urbanismo, el 16% de las quejas (364), pidieron la protección de la legalidad urbanística, mientras que en medio ambiente, que acogió el 9% (215), se centraron en la contaminación acústica y en explotaciones ganaderas.

En el bloque de familia, el 12 % de las quejas (271), la denunció se concentró en la aplicación de la ley de Dependencia por la demora en el acceso a las prestaciones, lo que motivó una investigación de oficio de la institución. Amoedo explicó que la resolución fue aceptada por la consejería y se ha corregido el servicio, de manera que ahora Castilla y León es la tercera comunidad con mejor puntuación.

Sanidad copó el 7% de las quejas (165), en su mayoría de denuncia por la falta de oncólogos en Ávila y de pediatras en Ávila, Burgos y Valladolid. También abrió una investigación de oficio la enfermedad celíaca. Las alegaciones en educación, con el 4% (87), se centraron en pedir mayor atención a niños con problemas especiales.

El Procurador del Común, que el pasado año lamentó el descenso en la colaboración de la Junta, calificó hoy de «bastante aceptable» el grado de respuesta desde la administración autonómica, ya que ascendió a un 94% sobre el 82 del pasado año.

Amoedo subrayó que «lo ideal» sería que se respondiera en su totalidad, tanto cuando se pide información como cuando se comunica una resolución, pero recordó que no existe un «medio coactivo» para ello, pese a que la respuesta al Procurador del Común es obligatoria por ley. No obstante, manifestó que, cuando no hay respuesta, «el defraudado» es el propio ciudadano al que no se le responde.