Consejo

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha descolgado diciendo que «es necesario abrir una reflexión sobre los contenidos que emiten los medios porque hay espacios en los que se vulnera la dignidad y eso hay que regularlo». Lo cual es cierto. Y Jáuregui ha anunciado que antes del verano se creará un Consejo Estatal de Medios -el famoso Consejo Audiovisual, del que muchas veces hemos hablado aquí- como el que ya hay en el resto de la Unión Europea y entre cuyas competencias estará la de sancionar a las televisiones que incumplan el horario infantil protegido. Bien. A toda la explicación que ha dado el ministro Jáuregui no habría nada que oponer si no fuera porque, como quien no quiere la cosa, en la nómina de infracciones punibles ha introducido algo tan etéreo como «crear climas de crispación y enfrentamiento». Y, claro, ¿qué es la crispación? ¿Criticar al Gobierno? ¿Criticar a la oposición? ¿Dónde acaba la crítica para que empiece la «crispación»? ¿Y quién crispa? ¿El político que toma medidas crispantes o el periodista que las denuncia? Todas estas cosas son todavía más preocupantes si tenemos en cuenta la absoluta impunidad con la que nuestros canales han venido prodigando contenidos simplemente indecentes. Aquí seguimos teniendo cadenas locales, en general, ilegales, que te obsequian con anuncios porno a la siete de la mañana. Y eso por no hablar de los abusos permanentes de canales como Telecinco, que por obvios y conocidos no vale la pena reiterar. ¿Cómo es posible que evidentes y palmarias vulneraciones del Código de Autorregulación no encuentren multa y que, por el contrario, se nos anuncie cachiporra para la opinión política? Los consejos audiovisuales son una buena idea; más aún, una idea necesaria. Pero en España, por lo visto en Cataluña y en Andalucía, se están dedicando más a la vigilancia política que a la vigilancia moral. Una buena arma, en malas manos, termina siendo un arma letal. Y la dinámica prohibicionista de este Gobierno permite alentar los peores augurios. A todo esto, ¿por qué nadie aplica el Código Penal?