Un salvavidas para el castillo de Cea

Las inmumerables advertencias, quejas, peticiones, artículos en prensa y demás clamores en el desierto difundidos —muy especialmente— por las asociaciones Promonumenta y la Plataforma para la Defensa del castillo de Cea parecen haber, por fin, causado efecto en el gobierno autonómico. Eso sí, para conseguirlo ha tenido que ser el propio monumento el que sacrificara una parte de sí mismo: el pasado mes de febrero se venía abajo parte del lienzo que mira al río, serio aviso acerca del maltrecho estado de esta fortaleza datada en el siglo XV y que presenta una planta del todo inusual en España, en esvástica, al estilo de los fuertes orientales.

La advertencia tuvo su efecto pero también, por lo que parece, la visita al propio castillo que técnicos y representantes de la Junta de Castilla y León realizaron muy pocos días después del derrumbe. Fruto de todo ello, el pasado 2 de julio, la Plataforma recibía una carta de la Consejería de Cultura y Turismo donde puede leerse que, «al margen de la cuestión de la titularidad del inmueble, acometeremos una actuación de emergencia que disipe el riesgo para la conservación del bien».

Unas palabras que ambos colectivos han recibido con enorme satisfacción aunque, eso sí, «estaremos vigilantes hasta que tal actuación no se materialice en la realidad», según informó a este periódico uno de sus miembros, Noelia Espeso.

Empeñados, como primer paso para salvar este vetusto vigía, en desentrañar la madeja que constituye su propiedad, Promonumenta y la Plataforma para la Defensa del castillo de Cea llevaban ya años pidiendo a las instituciones que aclarasen ese asunto. Unas pesquisas que han conducido a una especie de ‘punto muerto’ dado que, aunque ha quedado probado que los últimos propietarios de la fortaleza la legaron a la junta vecinal del pueblo en 1983 —un documento plenamente válido, de acuerdo con varios abogados—, dos sentencias judiciales diferentes y contradictorias entre sí enturbian el caso: una da la razón a los propietarios y la otra a la junta vecinal de Cea, que argumenta «no haber aceptado» en su día aquella donación. Ese estado de cosas constituye, en esencia, la respuesta que el Procurador del Común —otra de las instituciones consultadas— ha dado a la Plataforma. Pero además de constatar esa situación, el ‘defensor del pueblo autonómico’ se dirige al ayuntamiento de Cea y a la propia Junta de Castilla y León. Al primero le requiere «medidas de balizamiento e informar de cuanto aconteciere al estado del castillo». Y a la segunda la conmina «a valorar medidas en función de la legislación aplicable (ejecución subsidiaria, concesión de ayudas con carácter de anticipo reintegrable, realización directa de las obras de conservación o expropiación forzosa)».

Y no se trata sólo de denuncias. La Plataforma, con ayuda de un arqueólogo, un arquitecto y un geólogo, ya había redactado y valorado una completa memoria que en gran parte le ha hecho el trabajo a la Junta —y de acuerdo con ella, el estudio inicial, previo a las obras, costaría unos 25.000 euros—. Un caso que recuerda vivamente el del castillo berciano de Sarracín, ya en proceso de ‘salvación’.