El administrador culpa a 16 consejeros de la debacle de Baloncesto León

El administrador concursal de Baloncesto León SAD, José Luis Ayala Blanco, considera probado que los rectores de la extinta entidad deportiva —entre los que está el actual concejal de Deportes y portavoz del equipo de Gobierno, José María López de Benito, que llegó al consejo en 2011—, «conocían de su insolvencia» y del «permanente estado de desbalance» que presentaban las cuentas de la sociedad desde el ejercicio 2007/2008. Entiende que este estado de insuficiencia «patrimonial no se habría corregido de forma efectiva en los cuatro ejercicios posteriores», lo que le lleva a proponer al Juzgado de lo Mercantil de León que declare a los consejeros implicados «culpables» del concurso.

La razón fundamental por la que esgrime esta propuesta aparece en los balances arrastrados en las últimas cuatro temporadas, que —entiende— «no son representativos de la situación real» de Baloncesto León, puesto que —aclara— los administradores de la entidad deportiva registraron en el ejercicio contable 2008/2009 casi tres millones de euros por los derechos de participación en la Liga ACB.

Ayala explica en un pormenorizado informe de 90 páginas, al que ha tenido acceso DIARIO DE LEÓN, que resulta «improcedente» anotar un intangible como este para corregir el déficit y evitar la disolución del club, algo que, a juzgar por los apuntes contables de la entidad, debió producirse en junio del 2008, cuando la sociedad presentaba una situación de patrimonio negativo neto de 255.164 euros, que «determinaba que estuviera incursa en causa de disolución», ya que su capital social era solo de 244.010 euros.

Los consejeros de la entidad debieron en aquel momento liquidar Baloncesto León o, en su defecto, realizar una ampliación de capital. Ninguno de los dos supuestos se produjo. Optaron por una huída hacia delante. El Consejo de Administración adoptó el 22 de octubre del 2009 la contabilización del canon ACB, que hasta ese momento no aparecía reflejado en las cuentas de la entidad. Este movimiento evitó la desaparición de Baloncesto León cuando su situación económica era ya insostenible. Y se mantuvo en el tiempo, con la connivencia de las 16 personas que formaron parte del consejo desde el 1 de septiembre del 2009, cuando ya era conocida la insolvencia real de la sociedad. La deuda alcanzó los 2,4 millones en el 2012.

El administrador concursal solicita para los 16 consejeros la inhabilitación por un mínimo de dos años para administrar entidades deportivas o, si la Ley no lo permitiera, bienes ajenos.

Entre los implicados está el actual concejal de Deportes y portavoz del equipo de Gobierno, José María López de Benito, al que, junto a los otros 15 consejeros, se le atribuye la conducta de «no haber solicitado la declaración de concurso en los dos meses siguientes a que debieran conocer que la entidad se encontraba en estado de insolvencia», es decir, a partir del ejercicio 2008/2009. El edil popular, al igual que el resto de miembros del consejo, debió actuar en consecuencia y no aprobar las cuentas de Baloncesto León cuando llegó al consejo en julio del 2012. Junto al edil popular, que además fue presidente de Baloncesto León tras la dimisión de Joaquín Rodríguez, aparecen también Natalia Rodríguez Picallo, responsable de Deportes en el mandato de Francisco Fernández; Luis Nogal, Gema Cabezas, Ibán García del Blanco, Miguel Ángel García, Francisco Manuel Castillo, Javier Vega, Ignacio Tejera, José Elías Fernández Lobato, José Estrada Muñiz, Roberto Herreras, Joaquín Rodríguez, José Antonio Domínguez, Juan María Vallejo Fernández y Francisco Javier Reyero.

Ahora será el juez quien decida si los rectores de la entidad deportiva son culpables de llevarla al concurso de acreedores debido a esa mala praxis y a no tomar conciencia de cuál era la situación real de Baloncesto León.