El fiscal apela contra el concurso fortuito

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 8 de León que exhoneraba a los consejeros de Baloncesto León de cualquier responsabilidad en el concurso de acreedores el pasado 9 de septiembre calificando este de fortuito tendrá que afrontar un nuevo escenario tras la presentación por parte del fiscal del recurso de apelación que asienta sobre la base de las irregularidades contables que según el ministerio fiscal llevaron a cabo los rectores de la sociedad anónima deportiva y que desencadenaron en un agujero de más de dos millones de euros y la consiguiente solicitud de liquidación.

En el escrito de apelación el fiscal solicita al juez que revoque la sentencia dictada en primera instancia y se califique el concurso como culpable debiendo considerar autores de éste a los en su día consejeros de la SAD: Natalia Rodríguez Picallo, Luis Nogal, Gemma Cabezas, Iván García del Blanco, Miguel Ángel García, Francisco Manuel Castillo, Javier Vega, Ignacio Tejera, José elóas Fernández, José Estrada, Roberto Herreras, JOaquín Rodríguez, José Antonio Domínguez, Juan María Vallejo, Francisco Reyero y José María López Benito. A todos ellos reclama que se le imponga una inhabilitación de tres años para administrar bienes ajenos y la obligación de hacer frente con su patrimonio al 5% del déficit de la entidad concursada.

El fiscal, a cuyo recurso las partes afectadas pueden presentar en diez días un escrito de oposición o impugnación, argumenta que la culpabilidad de los rectores de Baloncesto León nace cuando estos, tras la temporada 2008-2009 y desoyendo al auditor que les informa de una situación de quiebra técnica y que no se puede hacer frente a los pagos corrientes, deciden seguir para adelante evitando la declaración del concurso de acreedores.

Para el fiscal, a pesar de que los integrantes del Consejo de Administración «son conocedores de la situación de insolvencia dejan pasar más de los dos meses que marca la Ley» para solicitar el concurso. Precisa que incluso lo demoraron dos años.

Las deudas de los ejercicios siguientes que elevan el desfase a más de dos millones, «por lo que queda acreditado» según el fiscal, «de que con la continuación de la actividad mercantil por parte de la sociedad concursada se ha perjudicado tanto a esta como a sus acreedores». El fiscal también se refiere a lo que considera «maniobra» durante ese periodo de un acreedor (Caja España) y el segundo propietario de Baloncesto León, Agelco, «consistente en cancelar el aval prestado por la propia Agelco para responder a las deudas que tienen con Caja España, lo cual redunda tanto en el patrimonio de la concursada como en las expectativas de cobro del resto de acreedores». También echa por tierra la base de la defensa que se centraba en la contabilidad del canon de la ACB como un valor intangible que según el fiscal no debe ser contabilizado teniendo en cuenta aspectos como que en ese momento Baloncesto León había perdido la categoría, desde que la perdió no la volvió a recuperar, el citado canon no se había solicitado a título oneroso además de no haber consignado la posible depreciación del citado canon.