El juez del 'caso Negreira' zanja que hubo "corrupción sistemática" en el arbitraje español
- El magistrado abre la puerta a investigar los supuestos sobornos a los colegiados por parte del FC Barcelona
José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018. EFE/ARCHIVO
Hay serios indicios de que existió una " corrupción sistemática " en el estamento arbitral entre el 2001 y el 2008. Así de tajante se muestra el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, quien acaba de abrir la puerta a investigar los supuestos sobornos del FC a los colegiados para que ser favorecido en los encuentros. El juez del ' caso Negreira ', en varias resoluciones, afirma que no hay indicios de pagos concretos a los árbitros pero sí de un delito de soborno José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), lo cual en sí ya sería un ilícito penal.
El magistrado Joaquín Aguirre en sus escritos se muestra decidido a aclarar si los 7,3 millones de euros que pagó el club blaugrana a Negreira tuvieron reflejo en el trato de los colegiados al Barça durante los encuentros. Señala el juez que, hasta el momento, no se ha conseguido probar pagos a "árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos" pero sí que se han constatado los abonos a Negreira, que tenía poder de decisión en el CTA. Y es por ello que insta a la Guardia Civil a que investigue si el dinero de las arcas del Barça tuvo algún tipo de influencia en el terreno de juego.
Por el momento están investigados los ex expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y dos ex directivos del club. Esta formalmente acusados de delitos continuados de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil.
La sospecha del juzgado, ahora, es que los exdirectivos pagaron a Negreira para que éste, supuestamente, designara a árbitros que favorecieran al Barça en los encuentros. El togado entiende que el delito de cohecho ya se comete por el simple hecho de entregar dinero a cambio de nada a una autoridad a cambio de que realice un acto inherente a su cargo tendente a beneficiar al que paga, independientemente si esta ayuda se materializa o no.
El titular del Juzgado de Instrucción Número rechaza que, como sostuvo Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, Negreira desempeñara una función "simplemente representativa" y resalta que el propio investigado reconoció a la Agencia Tributaria que se reunía en Madrid cada 15 días para "revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido y puntuarlos".
"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara", apunta el instructor. Así las cosas, el juez Joaquín Aguirre, en uno de sus autos (en el que da luz verde al Real Madrid como acusación particular) sostiene que los pagos del Barça a Negreira provocaron una presunta "corrupción sistemática" en el estamento arbitral y que el Real Madrid y "cualquier otro equipo de Primera división que haya coincidido con el Barcelona durante los años objeto de investigación" puede considerarse perjudicado por la supuesta trama.
Laporta, excluido El pasado marzo la Fiscalía Anticorrupción cogió las riendas de la investigación en el "caso Negreira", en el que está implicado el FC Barcelona por haber pagado más de 7 millones de euros a Negreira entre 2001 y 2008. Hace medio año ya la Fiscalía de Barcelona formalizó la presentación de una denuncia contra el FC Barcelona y contra sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta no fue incluido en la denuncia porque en su caso los presuntos delitos ya habrían prescrito.
El Ministerio Público acusa al club y a los expresidentes de la entidad de pagar a los árbitros para buscar beneficios deportivos. "A través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial", con el vicepresidente del colectivo arbitral, con el objetivo de que, "a cambio de dinero", realizase actuaciones "tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones". "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. No tuvieron soporte legal ni estatutario", señalaba la denuncia.