Los clubes que no puedan pagar serán administrados por un juez

Desde septiembre del año pasado, los procesos de insolvencia de los clubes de fútbol se rigen por la denominada Ley Concursal, que vino a sustituir a la llamada Suspensión de Pagos. Según esta normativa, un club que no pueda hacer frente a sus pagos puede, por voluntad propia o forzado por un acreedor, acogerse a una intervención judicial. A partir de ahí, la sociedad queda en manos de unos administradores independientes -nombrados por la autoridad judicial- y se inicia un proceso que puede llevar al club a reducir su pasivo a la mitad. Para ello, es necesario convocar una junta de acreedores, que es vinculante para todos, y en la que el voto de la mayoría puede aprobar un convenido de acreedores que reduzca esa deuda. «En realidad -opina el profesor Rodríguez Guerrero-, esta nueva ey es un plan de saneamiento encubierto, porque la mayoría de las deudas son con Hacienda y la Seguridad Social». Una vez reducido el pasivo a la mitad, los clubes tienen cinco años para devolver el resto, a razón de un quinto cada año. Si el club, ya con sus dirigentes otra vez al frente, no cumple en alguno de los ejercicios, el juez puede decretar la disolución de la entidad. En su opinión, «habrá muchos a los que no les quede otra solución que acogerse a una administración judicial», aunque para ello, explica, «los dirigentes tendrán que pasar por lo menos una temporada fuera de la poltrona». Desde su entrada en vigor, sólo dos equipos han afrontado un proceso concursal, el Las Palmas, que ha reducido a la mitad un agujero de 72 millones de euros, y el Sporting de Gijón, que espera enjugar una deuda cercana a los 50 millones en una junta que se celebrará el próximo 16 de octubre. De sacarla adelante, el equipo asturiano será viable siempre y cuando logre devolver 25 millones en plazos iguales de cinco años. Su eterno rival, el Real Oviedo, superó hace dos años una suspensión de pagos tradicional, que le permitió reducir la deuda de 72 millones a 13. El proceso concursal, consideran los expertos, puede ser una buena salida para clubes que tengan deudas asumibles que, una vez reducidas a la mitad, puedan ser afrontadas en cinco años. Para clubes más endeudados, esta solución podría entrañar graves riesgos. En el caso del Deportivo, por ejemplo, un proceso así podría reducir la deuda de 162 millones a 81 -siempre que los acreedores aprobaran el convenio-. Pero luego, el club debería de generar cada año 16,2 millones de euros -casi 2.500 millones de pesetas- para devolver la deuda restante y, en caso contrario, el juez que tutelase el proceso tendría que decretar la disolución de la entidad.