El retraso de la jubilación y congelar las pagas frenan el pacto de pensiones

Existen dos escollos para el entendimiento político sobre la reforma de las pensiones públicas que se avecina. Uno consiste en el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y el otro, la congelación de las prestaciones anunciada para el 2011, con excepción de las mínimas. Y, en medio de este panorama, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho acude hoy, martes, a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar los cambios que persigue el Gobierno y pedir la colaboración de sus señorías.

Los contactos públicos y extraoficiales entre los grupos políticos continúan como ocurre siempre en cualquier negociación relevante. Pero hay cruce de acusaciones de que ninguno tiene autonomía para cerrar capítulos. Los interlocutores lamentan que los preacuerdos que se consiguen necesitan el visto bueno de las cúpulas de los partidos, lo que en varias ocasiones vuelve a abrir el debate y siempre resta operatividad al proceso.

La posibilidad de acuerdo entre la mayoría de los grupos gira sobre la reestructuración de la viudedad y de la orfandad; mejora de los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 años; limitación de los retiros anticipados y de todo mecanismo que suponga abandonar el mercado de trabajo antes de la edad legal de jubilación; e impulso de los sistemas complementarios.

Una cuestión imprescindible para los grupos de la oposición es la separación de fuentes, es decir, que las cuotas de empleados y empleadores cubran exclusivamente las prestaciones de los trabajadores y el resto corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Consideran que esta iniciativa liberaría millones de euros anuales que garantizarían las pensiones contributivas del futuro.