Las autonomías del Partido Popular ensayan el plan económico de Rajoy

Las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo llevaron al PP a sus mayores cotas de poder territorial. El partido de Mariano Rajoy ha adquirido la responsabilidad de gobernar la mayoría de comunidades -”el PSOE sólo conserva Andalucía y el País Vasco-” y eso implica, en tiempos de crisis y de recortes, demostrar que está preparado y que cuenta con un programa económico capaz de sanear las cuentas de sus territorios. Los anuncios hechos por sus barones anticipan la España que quieren los populares y que podría ser realidad tras las elecciones generales.

Rajoy esbozó el pasado 1 de junio, tras reunirse con los líderes regionales del PP, por dónde quiere conducir su política económica. Prometió, en línea con las recomendaciones del Banco de España y de la Comisión Europea, que las comunidades autónomas gobernadas por su partido fijarán un techo de gasto, similar al que elabora la administración central como base para los Presupuestos Generales del Estado, e incluso un límite de endeudamiento. La meta es reconducir las maltrechas finanzas regionales y cumplir el mandato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de que el déficit regional no supere el 1,3% del PIB.

El líder opositor anunció una limitación del número de consejerías a un máximo de diez por comunidad, toda una declaración de intenciones que avanza un futuro recorte en el número de ministerios; restricciones en la cantidad de altos cargos y personal de confianza. Aseguró que cambiará la ley nacional para poder privatizar televisiones autonómicas y que someterá a auditorías las cuentas de cada región.

Todas sus comunidades aprobarán un plan de racionalización del gasto que incluirá medidas de austeridad como la reducción de sus parques de vehículos y la creación de centrales de compras para lograr mejores precios en equipamiento y tecnología. Los anuncios realizados hasta la fecha por sus barones que gobiernan comunidades parecen ajustarse al guión. La número dos del PP y nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, prometió en su investidura un drástico recorte del gasto en su comunidad. El ajuste en esa comunidad se sustanciará en la eliminación de organismos y altos cargos. Cospedal suprimirá el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social, y pedirá al Estado que asuma los servicios que prestaban esas instituciones. Su Ejecutivo tendrá siete consejerías pero la nueva presidenta ha prometido a reducir los altos cargos un 60%.

La Comunidad Valenciana, la más endeudada, también ha dado pasos en el camino marcado por Rajoy. Francisco Camps anunció que en julio publicará el techo de gasto de la Generalitat, que estará vinculado a sus «expectativas de ingresos». También se comprometió a imponer a los altos cargos de su administración un contrato-programa en el que figurarán los objetivos a realizar, por los que estarán obligados a rendir cuentas cada tres meses ante sus jefes.