Bolivia nacionaliza la filial de Abertis y Aena que gestiona tres aeropuertos
España habla de «acto inamistoso» y se replanteará las relaciones bilaterales .
Militares, ayer, en el aeropuerto de Cochabamba, Bolivia.
Evo Morales ha decidido expropiar Servicio de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), la filial de Abertis y Aena que gestiona los tres principales aeropuertos del país. El Gobierno boliviano justifica la nacionalización de la empresa por las «insuficientes inversiones» que, a su juicio, había realizado durante los últimos años para el mantenimiento de los aeródromos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
El Ejecutivo español, por su parte, habla de «acto inamistoso» y advierte de que se replanteará las relaciones bilaterales con Bolivia. Abertis, que controla el 90% de Sabsa, dice «respetar» la decisión del Gobierno boliviano, aunque pide que el proceso se realice «conforme a los principios internacionales de derecho».
«Evo Morales anunciaba en un discurso que su Gobierno procedía a nacionalizar «las 66.374 acciones que conforman el paquete accionario encabezado por Abertis S. A., salvo las tres acciones que pertenecen a personas individuales» para traspasarlas al Estado. El acto de expropiación ha quedado materializado en la ocupación militar de los tres aeropuertos, si bien portavoces del gobierno boliviano precisaron que el despliegue «no es un tema de fuerza, sino simbólico». El Gobierno ha nombrado además un interventor provisional que se hará cargo de la administración de los aeródromos. Ahora se abre un plazo de 180 días en el que una empresa independiente deberá definir la cantidad que se pagará a la compañía española en concepto de indemnización.
Morales ha explicado que planeaba «desde años atrás» la expropiación de Sabsa, aunque «por razones de carácter diplomático» había intentado llegar a un acuerdo.
El Gobierno español, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, «deplora profundamente» la acción del Ejecutivo boliviano. «España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado».