Más de un centenar de viviendas al día fueron desahuciadas en el 2012

La problemática situación de los desahucios ya tiene números concretos, aunque no oficiales dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el único órgano que puede reunir hoy en día las cifras detalladas de cada juzgado, audiencia provincial y tribunal superior de justicia— solo ofrece de forma periódicas datos generales de ejecuciones hipotecarias (198.076 pendientes al cierre del 2012), sin desgranar cuántas corresponden a primera o segunda vivienda, a locales comerciales o a naves industriales.

El Colegio de Registradores de la Propiedad ofreció ayer los suyos: un total de 38.876 viviendas fueron adjudicadas a las entidades financieras (o a otros acreedores) durante el año pasado, lo que supone una media de casi 107 acciones de desahucio diarias.

No obstante, una cuarta parte eran segundas viviendas de modo que las residencias habituales afectadas por un desahucio en el 2012 fueron 30.011 (el 77% del total), lo que arroja una media de 82 por jornada, aunque el presidente del CGPJ estimó esta misma semana —sin concretar más— que dicha cifra rondaría las 20.000. No hay que olvidar que en este segundo caso el impacto social que se produce resulta muy superior, amén de que dos tercios del parque español (69%) son precisamente primeras viviendas. Así, en tres comunidades —Extremadura (en el 92,9% de los casos), Madrid (91,3%) y Navarra (90%)—, casi la totalidad de las expulsiones del hipotecado o inquilino se produjeron respecto al que era su domicilio.

En conjunto, a lo largo del último ejercicio se iniciaron 65.778 ejecuciones hipotecarias, en contraste con los 274.583 prestamos de este tipo suscritos en esos 12 meses —la media anual de los últimos 10 años se dispara hasta las 871.366 por efecto de los años del ‘boom’ de la burbuja inmobiliaria—.

En cuanto a las daciones en pago, opción que ni el Gobierno ni la banca quieren generalizar, se acordaron 14.229, el 80,4% de ellas correspondientes a residencias habituales.

Mientras, continua abierto el debate sobre el decreto de la Junta de Andalucía (en vigor desde este viernes) que prevé la expropiación temporal de las casas objeto de desahucio en su territorio, cuyos dueños (hipotecados) o inquilinos se encuentren en situación de exclusión social «acreditada» o las cuotas de su préstamos se hayan disparado.