El Gobierno infla las cifras de la lucha contra el fraude en el cobro del paro
Empleo ha ‘cazado’ a más de medio millón de desempleados que trabajaban en negro .
Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno infló ayer las cifras relativas a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, en un intento por atribuirse un éxito en la persecución de la evasión de impuestos y de la picaresca en el cobro de prestaciones por desempleo. Tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que durante su cruzada contra el fraude en la Seguridad Social los inspectores habían ‘cazado’ a 520.572 perceptores indebidos en el último año y medio, es decir, entre enero de 2012 y junio de 2013. Sin embargo, el Ministerio de Empleo había anunciado en agosto que el número de perceptores fraudulentos detectados en el primer semestre y que habían perdido la prestación ascendía a 60.004. ¿Baile de cifras o inflado interesado? La explicación está en que la cifra proporcionada por la ‘número dos’ del Ejecutivo mezcla sanciones leves e incluso irregularidades administrativas con fraude verdadero.
La vicepresidenta aseguró que «se han hecho investigaciones y comprobaciones que han afectado a más de 520.000 perceptores indebidos de prestaciones y han permitido ahorrar más de 3.161 millones de euros» a las arcas públicas.
Empleo matizó después que la mayoría de esos afectados han sido sancionados por incumplir requisitos como la ausencia de comunicación de rentas o prestaciones o por no renovar su condición de demandante de empleo, es decir, por no sellar cuando corresponde la conocida tarjeta del paro Las sanciones aplicadas varían en función de la gravedad de la infracción detectada, y pueden ir desde la suspensión del cobro de las prestaciones durante un período de uno a seis meses —es el caso de la mayoría— hasta la extinción total de este beneficio social. Sin embargo, Sáenz de Santamaría simplificó todos los términos y redujo las irregularidades de «más de medio millón» de parados al fenómeno de «personas que cobran prestaciones por desempleo y sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en B».
El Ministerio de Empleo había publicado en agosto en su página web que «en lo que se refiere exclusivamente al primer semestre de 2013, se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios de la prestación por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en 2012». Esa cifra supone un incremento del 14,80% respecto del mismo periodo de 2012. «El impacto económico en 2013 asciende a 915,22 millones de euros, que frente a los 796,18 millones en 2012 supone un incremento de 119,04 millones de euros», aseguraba Empleo hace sólo dos meses.