Endesa, Iberdrola y Gas Natural recurren la obligación de financiar el bono social
La ley les obliga a costear el 94% del descuento en la tarifa a los desfavorecidos.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural han recurrido ante la Audiencia Nacional la obligación de financiar el bono social eléctrico. Es decir, la diferencia entre la tarifa regulada (en la actualidad, PVPC) y lo que deben pagar por la luz los colectivos más desfavorecidos. La ley contempla que esa diferencia la deben abonar las 27 empresas que en España desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de electricidad, si bien el reparto proporcional de costes asigna un 94% a las tres grandes.
Este reparto de cargas entró en vigor una vez publicada en el BOE la orden ministerial preceptiva, algo que sucedió el día 11 de marzo. Con posterioridad las eléctricas interpusieron recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra la norma y la primera de las liquidaciones en las que debían abonar los pagos. Y más recientemente volvieron a los tribunales para recurrir la segunda de las liquidaciones.
El bono social consistía, antes de la reforma, en la congelación de las tarifas para determinados clientes: los que tienen una potencia contratada inferior a 3 Kilovatios, los pensionistas con 60 ó más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente, o viudedad; las familias numerosas, y aquellas con todos sus miembros desempleados. Esos criterios siguen vigentes, aunque ha cambiado la manera de aplicar la rebaja: será, como máximo, un 25% sobre el PVPC.
Tres millones de usuarios
En la actualidad se estima que unos 3 millones de usuarios disfrutan del bono social, creado en 2009, y que en un principio debía ser financiado por las cinco grandes eléctricas. En marzo de 2012, y previa denuncia de Iberdrola, el Tribunal Supremo declaró que esta obligatoriedad no se ajustaba a derecho. En noviembre del pasado año el Alto Tribunal dictaminó que el dinero destinado al bono social se le debía devolver, no sólo a Iberdrola, sino a las otras cuatro grandes comercializadoras de electricidad.
Después de un periodo transitorio en el que fue cargado a la tarifa, el pasado 6 de marzo el Gobierno aprobó la orden ministerial que establece el porcentaje de reparto del bono social. Las tres grandes eléctricas nunca han estado de acuerdo con la obligatoriedad de hacerse cargo de un coste «que responde a política sociales». Pero tampoco comparten el hecho de que se les cargue a ellas con la gran parte del peso, que en el caso del déficit de tarifa recae —desde la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico— en todas las empresas del sector que desarrollan actividades reguladas.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que interpusieron la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra la Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre por el Gobierno.