Rato se niega a declarar hasta saber «en qué se basan» sus acusaciones

«El que mucho habla, mucho yerra». Rodrigo Rato ha hecho de uno de los refranes más conocidos su principal línea de estrategia en la investigación que se siugue contra él por la supuesta ocultación de su patrimonio real. El que fuera vicepresidente económico del Gobierno en la etapa de José María Aznar quiere que antes de dar su versión de los hechos vuelvan a mojarse tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía Anticorrupción.

Por eso, ayer se negó a responder a las preguntas del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, así como del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, quien le había citado en calidad de imputado. Su argumento: que no conoce las acusaciones que pesan en su contra.

Pero en realidad sí las sabe. Figuran en el informe de 54 páginas «sobre riesgos fiscales» asociados a Rato «y su entorno (familiar y societario)» que dio origen a este caso polémico a mediados de abril. El inconveniente es que aunque el informe fue elaborado por dos inspectores, lo firma la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), Marga García-Valdecasas, y ésta ha tirado ahora balones fuera.

Durante el testimonio que prestó el lunes pasado, explicó que lo firmó como «práctica habitual» pero que no revisó al detalle su contenido. Eso sí, se hizo con datos que figuran en el fichero de la Onif. Según ella, se trata más bien de una «denuncia temprana de posibles riesgos» y, aunque el magistrado intentó que distinguiera entre sospechas e indicios -necesarios para sustentar un procedimiento judicial-, García-Valdecasas se enrocó. El PSOE pidió ayer su cese «fulminante» por el uso «partidista» de la Agencia Tributaria y su «funcionamiento chapucero».

Esta actitud ha sido bien aprovechada por los abogados de Rato, del bufete Baker & McKenzie -especializado en temas fiscales-, para hacer ver que no hay nada sólido contra su cliente. «Desconozco las bases fácticas en que se podrían apoyar los hechos de los que se me acusa», se justificó el político.

Y carece de esa información, siguiendo su línea argumental, porque los datos de la Onif» no son por si mismos prueba en un caso penal ni administrativo, pues han de ser corrobados por otras pruebas». Estas deberían encontrarse en la extensa documentación que se intervino en varios inmuebles (su casa y su despacho en Madrid, así como un bufete en Cádiz) el pasado 16 de abril. Esas cerca de 40.000 hojas y registros, en papel y formato electrónico, están en manos de la Onif para que elabore otro informe, pero esta vez de conclusiones más claras.

En su comparecencia de ayer, el ex político metido a financiero sostuvo que tiene «actitud constructiva y de total colaboración», pero no contestará a preguntas hasta ver los informes. Y, además, pidió que el juez le «ampare» para instar a la Fiscalía a que «de inmediato» concrete el «soporte documental» en que se basan sus acusaciones, sobre todo un fraude fiscal de 3,7 millones entre 2011 y 2013, sin descartar un posible blanqueo e incluso alzamiento de bienes.

Sí habló, sin embargo para quejarse amargamente de «estar sometido al máximo rigor» por el juzgado, sufrir medidas cautelares «extremas» -el bloqueo de sus bienes salvo que pague una fianza civil de 18 millones- y la «publicidad» del caso que le ha causado «graves daños reputacionales, familiares y profesionales».