El Tribunal de Cuentas reprocha que no se controle más la formación
Critica que la burocracia impida que se recuperen el 43,5% de las bonificaciones no justificadas.
Los cursos de formación de los trabajadores siguen envueltos en la polémica, por más que el Gobierno haya reformado este año el modelo a la vista de escándalos que han acabado incluso en los tribunales (Andalucía, Madrid, Galicia.). El Tribunal de Cuentas parece haber hecho presa en este ámbito porque año tras año viene llamando la atención sobre ese problema a los responsables sucesivos de la Administración del Estado, en la legislatura anterior con el PSOE y en la que ya está cerca de concluir con el PP. En su último análisis, correspondiente a 2012, sus técnicos vuelven a detectar irregularidades que causan un perjuicio claro a las arcas públicas.
Esta vez la fiscalización se centra en la llamada formación de demanda, en la que son las empresas las que imparten cursos a sus empleados -bien por su cuenta o a través de centros especializados-, cuyo coste se descuenta luego de lo que tienen que abonar cada año a la Seguridad Social. Y este organismo dedicó a esas tareas hasta 580 millones de euros el año pasado, frente a los 394 millones con los que comenzó a operar el modelo en 2004.
El Ministerio de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), y la Fundación Tripartida, donde empresas y sindicatos comparten mesa con la Administración, son los encargados por ley de velar por que se cumplan las normas al respecto. Incluso las comunidades autónomas tienen competencias para hacer controles. Pero esos exámenes, denuncia el Tribunal de Cuentas, son escasos y lentos.
Esa «insuficiencia» en los controles -en 2012, el año ahora bajo revisión, siete de cada 10 inspecciones no se pudieron concluir por falta de información o por detectarse irregularidades- y poca agilidad ha sido reconocida por el Ministerio, si bien su respuesta resulta algo equívoca: en el desarrollo reglamentario del nuevo modelo de formación tratará de «ajustar el volumen de actuaciones a realizar». De momento, en el citado 2012 la Administración no pudo reclamar por prescripción el 43,5% de las bonificaciones aplicadas de forma indebida, de manera que perdió por culpa de los retrasos 626.000 euros de los 1,44 millones que tenía derecho a reclamar.