El rompecabezas contable autonómico no encuentra la solución definitiva

josé antonio bravo | madrid

El rompecabezas de las cuentas autonómicas sigue sin encajar, por más que las comunidades se han tenido que apretar el cinturón durante la reciente crisis para no desviarse en demasía de los objetivos de saldo presupuestario que les iba imponiendo el Gobierno para cumplir a su vez con el mandato de Bruselas, la capital comunitaria. Lo consiguieron sólo a medias a la vista de los datos oficiales, al pasar de un déficit del -3,35% en términos de Producto Interior Bruto (PIB) en 2011 al -1,66% con que cerraron 2015.

El problema es que ninguno de esos años se acercaron a la meta fijada por Hacienda. En 2011 fue del -1,3% y las autonomías la duplicaron con creces. En 2012, sin embargo, la diferencia se redujo a poco más de tres décimas (-1,86% frente al -1,5% previsto) y en 2013 se mantuvo la tónica (-1,57% por un -1,3% previsto). Pero los dos últimos ejercicios el caballo del desequilibrio contable regional se desbocó de nuevo: en 2014 su saldo negativo no debía pasar del -1% y se fue al -1,75%; en 2015 el panorama empeoró y el margen entre el objetivo deseado y la realidad se duplicó con creces (del -0,7% al -1,66%).

Vista esta trayectoria, la duda resulta evidente. ¿Serán capaces las administraciones autonómicas de cumplir esta vez con su parte en la ofrenda presupuestaria a los próceres de la Comisión Europea, máxime cuando en juego hay incluso una multa a España? Porque una cosa es que el país tenga ahora al menos un año más de prórroga -de los compromisos que pueda adquirir el nuevo Gobierno dependerá si hay margen para otro- a fin de cumplir con el sacrosanto Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y otra bien distinta que se libre de una sanción por déficit excesivo.

Aunque el castigo no resultaría baladí -hablamos del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros-, peor aún sería la imagen dada ante los inversores internacionales en un país sobreendeudado, y donde el pasivo de las autonomías parece haberse convertido en un pozo sin fondo. En 2015, el año de mayor crecimiento económico desde 2007, se disparó un 10,3% hasta los 261.268 millones. Representa así el 24,3% del PIB, casi cuatro veces más que cuando comenzó la crisis nueve años atrás.

Su mala marcha contrasta con la de las corporaciones locales, que sí han enderezado su rumbo en déficit (están en superávit desde 2012) y deuda (la recortaron un 8,3% el año pasado, siendo la única administración pública que logró hacerlo). El problema, no obstante, es general: el pasivo público total ya supera el 100% del PIB y en 2015 España gastó 55.755 millones más de lo que ingresó, a un ritmo de 6,3 millones extras por hora.

La única pega es que los ayuntamientos han vuelto a incrementar su gasto en personal (un 4,3% en 2015 hasta los 16.341 millones). Claro que a las autonomías les pasa lo mismo: el pasado ejercicio la partida dedicada a los sueldos de su millón largo de empleados públicos subió un 4% para alcanzar los 71.235 millones.