Piden hasta seis años de cárcel para los acusados por las tarjetas black

jose antonio bravo | madrid

Se suele decir que la justicia que es lenta no es justicia, pero lo cierto es que cuando su maquinaria se pone en marcha, y más cuando el caso viene rodeado de una gran atención mediática, es complicado pararla. Un buen ejemplo son las llamadas tarjetas ‘black’, que prácticamente se han convertido en un paradigma de la aparente corrupción que campaba a sus anchas en algunas entidades financieras antes, y también durante, la última gran crisis económica.

Desde mañana se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional un total de 65 ex altos cargos de Caja Madrid y su sucesora, Bankia, que se enfrentan a penas de prisión de entre seis años y tres meses acusados de apropiarse indebidamente de forma continuada de hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 a través del uso aparentemente indebido de unas tarjetas de crédito Visa (Oro y Plata). Las reclamaciones, no obstante, han quedado limitadas a 12 millones porque las responsabilidades por las operaciones comprendidas hasta 2003 quedaron ya prescritas años atrás.

Al frente aparecen dos personas que estuvieron claramente vinculadas al PP, sobre todo Rodrigo Rato, quien llegó a ser vicepresidente, además de ministro de Economía, cuando José María Aznar ocupaba La Moncloa. Precisamente fue su dedo el que también ayudó a colocar a Miguel Blesa al frente de la caja de ahorros madrileña, si bien para ser elegido su presidente en 1996 tuvo el apoyo —interesado, eso sí— de Izquierda Unida y el sindicato CC OO.

Tres años más tarde, con Blesa ya consolidado al frente de la entidad puso en marcha un sistema de pagos extra a su cúpula que el juez Fernando Andreu, la persona que investigó durante 15 meses los abusos cometidos con las ‘black’, no dudó en calificar de «opaco». Es decir, fue ocultado de forma voluntaria a los ojos de la todopoderosa Hacienda, que aparentemente únicamente se enteró cuando saltó el escándalo en octubre de 2015 tras llegar a la Audiencia Nacional los primeros informes.

Empezó a repartir una serie de tarjetas de crédito selectivas, al margen del circuito ordinario y que fueron usadas para «gastos personales y propios». Pero no contaban con «respaldo contractual alguno» pues, aunque tienen un antecedente en otras tarjetas para gastos de empresa establecidas desde 1988, Blesa «desnaturalizó» el sistema.

Fue a partir de 2003 cuando se apreciaron pagos más importantes, para llegar en 2006 a fijarse un tope mensual de 3.400 euros aunque era habitual que se permitiera superarlo con la anuencia de Blesa o bien su ‘número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, quien sí llegó a diseñar una red de control. Solo tres años después, cuando la crisis económica arreciaba en España, esa referencia prácticamente se duplicó hasta los 6.000.

Cuando llegó Rato, en 2010, las cosas no cambiaron, aunque sí se fueron limitando a su círculo de confianza. La prueba es que en 2012, ya con la sospecha de que las cuentas de Bankia tornaban a desastrosas, ordenó emitir unas nuevas tarjetas con un límite mensual de 12.000 euros para ‘saltarse’ así la rebaja de sueldo que el Gobierno había decretado para los banqueros de entidades financieras rescatadas.