El sistema de financiación de las autonomías afronta su momento clave
El comité de expertos estudia una mayor cesión de tributos y respetar el principio de ordinalidad.
La sesión constitutiva de la comisión de expertos del pasado 23 de febrero. SANTI DONAIRE
D. Valera | Madrid
El Gobierno ha llevado a cabo desde 2012 varias reformas (laboral, fiscal, educativa...). Sin embargo, una de las tareas pendientes fue la de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. Existe un consenso entre expertos, comunidades y el propio Ejecutivo en que es necesario cambiar el sistema actual. Pero las coincidencias acaban ahí. Las enormes discrepancias sobre qué modificaciones deben realizarse y las tensiones territoriales que conlleva discutir sobre otra arquitectura en el reparto de recursos, ha convertido este tema en tabú. Hasta ahora.
Así, el pasado 23 de febrero se constituyó la comisión de expertos para la financiación autonómica —también local— que deberá responder en seis meses a varias preguntas: ¿Es necesario aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las comunidades? ¿Eliminar el cupo de País Vasco y Navarra o extenderlo a todas las regiones? ¿Proteger la ordinalidad o limitar los fondos de nivelación? El actual sistema de financiación común (País Vasco y Navarra tienen su sistema foral) se firmó en 2009 después de enormes dificultades y tras la intervención del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para garantizar que ninguna comunidad perdería recursos. De hecho, se aumentó la cesión de los ingresos a las autonomías en varios impuestos. En concreto, en el IRPF pasaron del 33% al 50%; en el IVA del 35% al 50% y en los Especiales del 40 al 58%.
Sin embargo, estos cambios no impidieron que la mayoría de las comunidades se sientan «infrafinanciadas». En 2016 recibieron 86.754 millones, una cifra que no impide los problemas de déficit.
En busca de la equidad
Uno de los objetivos del sistema es aumentar la «equidad» entre regiones. Por tanto, todos los expertos están de acuerdo en que las comunidades más ricas contribuyan a la mejora de las más pobres. Para ello se crearon diversos fondos de nivelación, que sin embargo, son el núcleo de las críticas. Son los causantes de la distorsión del principio de ordinalidad según el cual la nivelación debería reducir las diferencias de recursos por habitante entre las comunidades, pero sin alterar su orden. Es decir, que aquellas regiones que generan más recursos tributarios deberían recibir más financiación del sistema a pesar de esos mecanismos redistribuidores. Sin embargo, eso no ocurre. Así, Madrid, Cataluña y Baleares, las tres primeras en el ranking por ingresos tributarios, acaban situadas por debajo de la media y ocupan la posición 11, 10 y 9, respectivamente, según los datos del Consejo de Economistas Reaf Regaf respecto a la financiación de 2013.
Por contra, Extremadura que se encuentra muy por debajo de la media en la generación de ingresos fiscales (24 puntos por debajo de la media) y tras el reparto de los diversos fondos se dispara 20 puntos por encima de la media. Sin embargo, hay casos todavía más polémicos como el de Cantabria, la cuarta con más recursos tributarios por habitante y que tras el proceso se convierte en la más beneficiada al ocupar la primera posición en financiación, según el estudio del Consejo de Economistas. Más curioso es el caso de Andalucía, que a pesar de encontrarse atrás en su capacidad fiscal tras los distintos fondos de convergencia apenas gana un puesto. Esto se produce porque las variables que tienen en cuenta esos fondos son muy dispares van desde la menor renta hasta la dispersión de la población.