España, hacia su tercer año sin reformas económicas de calado
La última fue en noviembre de 2014, con la rebaja del IRPF y Sociedades de 12.000 millones.
El ministro de Economía, Luis de Guindos. SERGIO BARRENECHEA
D. Valera | Madrid
La agenda reformista del Gobierno lleva más de dos años parada. Desde noviembre de 2014, cuando el Congreso dio luz verde a la reforma fiscal que supuso una rebaja del IRPF y Sociedades de 12.000 millones —una cifra superior en 4.000 millones a la estimada por Hacienda—, no se han producido cambios normativos de calado. De hecho, los desafíos estructurales a los que se enfrenta la economía española como la sostenibilidad del sistema de pensiones o un nuevo reparto de la financiación autonómica, se han postergado.
A pesar de las continuas afirmaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de cualquier miembro de su gabinete sobre la necesidad de seguir con las políticas reformistas, lo cierto es que los planes enviados a Bruselas dicen los contrario. De hecho, el Programa Nacional de Reformas de 2017 remitido hace una semana a la Comisión Europea es el tercero consecutivo en el que apenas se mencionan las líneas generales a seguir en esas materias pendientes y fija su resolución en el «largo plazo».
Gracias a ellas
España creció el año pasado un 3,2%, el doble que la media de la zona euro y este año la previsión es que avance al menos un 2,7%, según el Ejecutivo. La oposición achaca el buen comportamiento de la macroeconomía a los vientos de cola externos como la política de estímulos y tipos bajos del BCE y a la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, el Gobierno presume de que la fuerte recuperación no habría sido posible sin las reformas estructurales aprobadas desde que Rajoy llegó a la Moncloa.
Así, desde el PP enumeran la reforma laboral como clave para dotar de más flexibilidad al mercado de trabajo —sindicatos y oposición denuncian que facilita el despido—. También la reforma financiera fue necesaria para sanear la banca de los activos tóxicos del ladrillo (aunque no impidió el rescate bancario). Después llegó una nueva regulación de pensiones (desliga su revalorización del IPC e introduce el factor de sostenibilidad) o presupuestaria con la ley de estabilidad para controlar el déficit y la deuda, entre otras.
Sin embargo, esas importantes y en algunos casos contestadas normativas se llevaron a cabo en la primera parte de la legislatura en la que el PP disfrutaba de mayoría absoluta, es decir, en 2012, 2013 y parte de 2014.