La justicia analizará el papel de los inversores saudíes en la quiebra de Blanco
Una plataforma de empleados presenta una querella en relación con tres presuntos delitos.
j. a. bravo | madrid
La Audiencia Nacional investigará si los dueños de la cadena textil Blanco pudieron haber cometido un desfalco que habría provocado la quiebra posterior de la compañía, que cerró sus puertas en diciembre pasado tras declararse insolvente en España y Portugal por segunda vez en apenas tres años. Para ello el juez Ismael Moreno tramitará una querella presentada por una plataforma de empleados de la empresa, que ha estado varios meses en un juzgado de Alcorcón (Madrid) pendiente de decidir sobre su competencia.
Según informaron ayer fuentes jurídicas los delitos que se van a analizar son, en principio, estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes. Y las personas que habrían podido incurrir en ellos, según parte de la plantilla de la cadena, son cuatro empresarios de origen saudí, accionistas de referencia de Blanco junto a la sociedad Global Leiva.
La plataforma de antiguos empleados acusa a los dueños de la firma textil (responsables del grupo saudí Alhokair, que tiene acuerdos con otras enseñas españolas como Inditex, Desigual y Mango para comercializar sus productos en algunos países árabes) de preparar su «venta simulada» a dos meses de declararse el concurso de acreedores, en noviembre, con el fin de eludir sus responsabilidades sociales y económicas. En total, fueron cerradas 102 tiendas y despedidos 835 trabajadores, con una deuda financiera de 133 millones de euros.
ERE en Isolux
Por otra parte, el grupo de construcción y servicios Isolux Corsan ha presentado a los sindicatos un plan para despedir al 40% de la plantilla de la matriz y las seis filiales que se encuentran en concurso de acreedores a fin de ajustar las dimensiones de la compañía hacia una estructura que pueda ser sostenible en términos financieros. Su materialización, según fuentes sindicales, se hará mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter voluntario, previsto para al menos 440 personas y cuyo plazo de adscripción concluiría, en principio, el próximo día 10.