Los concursos de acreedores rompen la racha de descensos

J. A. Bravo | Madrid

Un concurso de acreedores se suele medir fundamentalmente por la deuda de las compañías implicadas. Sumando los diez casos de mayor volumen en la historia de España —incluyendo los 8.900 millones del preconcurso de Abengoa, evitado tras una reestructuración del pasivo bancario—, tendríamos un agujero conjunto de 35.600 millones de euros. Son los más importantes, sin duda, aunque en número una gota en el total.

Pero con frecuencia se olvida la otra cara de las quiebras empresariales, la humana protagonizada por los empleados afectados. Solo en los cuatro últimos años han sumado 257.335, según el último baremo concursal elaborado por la consultora PwC. Es más, en 2017 rompieron la racha de descensos y repuntaron un 20% hasta 61.845, lo que supone un promedio de casi 16 por compañía insolvente. Claro que la mayoría son precisamente pymes (con una plantilla inferior la 50 personas), en concreto dos de cada tres (el 65%). Como contraste, los casos protagonizados por grandes firmas (con más de 250 empleados) solo supusieron el 1%.

Algunas cifras

Y si atendemos al valor de los activos de las compañías que se declararon en quiebra —de manera voluntaria o forzosa, instados por sus acreedores ante los juzgados de lo mercantil—, el promedio se sitúa en 3,7 millones de euros tras aumentar un 6% el año pasado. En función de su volumen, en los casos donde se habían contabilizado más de 50 millones la media rozaba los 156 millones, tras dispararse un 45%. Mirando a la clasificación de las mayores quiebras, cuatro de las cinco primeras fueron protagonizadas por inmobiliarias tras estallar la burbuja que vivía el sector, coincidiendo casi con el comienzo de la crisis. De ellas solo sobrevivió la mitad (Sacresa y Habitat, aunque con bastante menor tamaño), mientras Martinsa-Fadesa y Reyal Urbis entraron en liquidación —la última, de hecho, fue excluida de negociación bursátil en enero pasado—.

Isolux evitará esa muerte empresarial, pero solo en parte. Quebró en julio del año pasado con un pasivo de 4.294 millones y tiene un ERE en marcha para sus 575 empleados. No obstante, los administradores concursales han decidido vender los negocios de obra civil e instalaciones en España, además de la marca, a cuatro directivos, apoyados por un fondo de inversión estadounidense.