El Pacto de Toledo emite sus pautas para evitar el déficit de las pensiones
Los gastos no contributivos, políticas de empleo, maternidad o subsidios, se pagarán con impuestos.
lucía palacios | madrid
Al igual que al Gobierno, al Pacto de Toledo se le agota el tiempo. Le quedan menos de dos semanas para poder trabajar hasta que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes. Ha tenido más tiempo que el actual Ejecutivo y a sus espaldas tiene ya más de dos años de negociaciones para redactar -y aprobar- las recomendaciones que sienten las bases del sistema de pensiones y que le devuelvan a la senda del equilibrio, perdido desde 2012.
Pese a que varias fuentes de esta Comisión Permanente formada por representantes de los diferentes grupos parlamentarios ven más que difícil lograr un acuerdo final y aprobar en estos pocos días que quedan las 21 recomendaciones que tienen entre manos, admiten que se han logrado «avances muy importantes» en una mayoría de temas, aunque siguen quedando puntos fuertes en los que se manifiesta el desacuerdo, tales como la edad de jubilación (Podemos insiste en que vuelva a los 65 años), la suficiencia de las pensiones (determinar qué es una pensión digna), su contributividad (aquí entra la polémica del destope), así como la compatibilidad entre pensiones públicas y privadas.
Pero una de las recomendaciones que ya tenían prácticamente cerrada es, a su vez, de las más importantes -dejando a un lado la fórmula de revalorización, que ya acordaron que volviera a vincularse al IPC-: la número 1, que trata de la separación de fuentes de financiación y el restablecimiento del equilibrio financiero. En este punto, el Pacto de Toledo ha fijado una serie de recetas con las que pretenden poner fin al déficit que tiene la Seguridad Social -19.000 millones el pasado año- y se dan de plazo máximo para lograrlo hasta 2025.
El primer principio que establecen es clave: «Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas -sin perjuicio de aportaciones que el Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema-, mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (complementos a mínimos de pensión, pensiones no contributivas, ayudas por hijo a cargo o ayudas a personas con discapacidad) y otras prestaciones universales, vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto (sanidad, servicios sociales, etc.) ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social», según el borrador de esta recomendación.
Defienden comenzar sacando del sistema las políticas de incentivos al empleo, es decir, las diferentes reducciones en la cotización. También consideran cargas «impropias del sistema contributivo» las ayudas a sectores productivos concretos. Por último, ven «razonable» exigir que las prestaciones de maternidad y de paternidad o las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares sean sufragadas por el Estado.