El Gobierno destina fondos para contratos en el campo
La Junta repartirá 4,2 millones, de los que esta provincia no recibe nada
Agricultura ecológica en Matalobos del Páramo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social destinará 236 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contratar a cerca de 200.000 trabajadores del campo que hayan terminado su labor en las campañas agrícolas. En Castilla y León, la cifra es de 4,2 millones de euros.
El Ministerio ha informado ayer en un comunicado de que esos Fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario se distribuirán a través del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y que las personas beneficiadas trabajarán en los servicios básicos que determinen los consistorios.
Se trata así de garantizar la renta a las personas que trabajan en el campo para fijar la población en zonas que dependen de la agricultura, mantener la actividad agraria, básica para asegurar el abastecimiento de alimentos durante la crisis del coronavirus y favorecer la recuperación de los ayuntamientos cuando pase la pandemia.
El acuerdo de reparto de esos fondos anuales en siete comunidades autónomas fue alcanzado en una mesa de diálogo en la que participaron el Sepe, las organizaciones Coag y Asaja y los sindicatos UGT y CC OO, según el Gobierno.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social han querido «poner en valor el sector agrícola, que se ha mostrado solidario, responsable y estratégico para la sociedad en un momento excepcionalmente delicado».
La Junta de Castilla y León recibirá del Ministerio de Trabajo y Economía Social 4,2 millones. En Ávila serán 1,4 millones, Salamanca 1,3 millones, Valladolid 0,8 y Zamora 0,6.
Cadena alimentaria
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció además en la jornada de ayer ante el Pleno del Congreso que aprobará «de forma inminente» un proyecto de ley para completar los cambios ya aprobados en la Ley de cadena alimentaria para atender la situación del campo, y que permitirá transponer la directiva europea de prácticas desleales.
Ante un hemiciclo prácticamente vacío, con apenas unos cuarenta diputados por las medidas de prevención de los grupos ante la expansión del virus Covid-19, Planas aseguró que esta nueva norma introducirá «nuevas medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria».
Todo ello en el debate para convalidar el decreto ley con medidas de urgencia para responder a las demandas de agricultores y ganaderos por la crisis del campo, aprobado el pasado 25 de febrero, y que Planas ha defendido porque, a su juicio, permite reequilibrar la relación de fuerzas en la cadena, mejora la transparencia para fijar los precios y también la posición negociadora del productor.
Entre las medidas incluidas en el decreto ley, Planas celebró que se obliga a incluir el coste de producción, para indicar expresamente el coste pactado, prohíbe la venta a pérdidas, regula promociones comerciales de los productos del campo, da publicidad a las sanciones y, además, las endurece. A partir de ahora, no poner por escrito las condiciones de un contrato es una infracción grave y no leve.