Inician el trámite para juzgar a Botín por cesiones de crédito

La magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha iniciado ya los trámites para la posible apertura de juicio oral contra el presidente de Banco Santander-Central Hispano (BSCH), Emilio Botín, y otros cuatro directivos de la entidad cántabra, entre ellos el consejero Rodrigo Echenique, por el caso de las cesiones de crédito. En una resolución notificada ayer, la instructura les imputa 138 delitos fiscales «por cooperación necesaria o inducción», así como otro delito de falsedad continuada en documento oficial, por su responsabilidad al ocultar a la Hacienda Pública entre 1988 y 1989 inversiones por valor de medio billón de pesetas. En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres acuerda la conversión de las diligencias previas incoadas hace diez años en un procedimiento abreviado, que desembocará en la correspondiente vista oral si alguna o varias de las acciones populares personadas -entre ellas, el partido Iniciativa per Catalunya- presenta escrito de acusación y la Sala de lo Penal de la Audiencia no ve tachas jurídicas en las conclusiones de Palacios. No obstante, también cabría la opción -ahora muy improbable- del sobreseimiento de la causa, medida que han solicitado de forma reiterada la defensa del banco, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Distinción La juez distingue tres grupos de personas que podrían acabar sentadas en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. En el primero se incluyen los antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Santander (hoy BSCH) encabezados por Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, presidente, y Rodrigo Echenique Gordillo, consejero delegado cuando sucedieron los hechos investigados. Junto a ellos aparecen José Ignacio Ucles Romero, jefe de la Asesoría Jurídica; Lorenzo Solana López, subdirector adjunto a la Dirección de Sucursales; y Ricardo Alonso Clavel, jefe central contable y director general adjunto. En el segundo aparecen los imputados («deudores tributarios») titulares de los denominadas cesiones de nula propiedad de crédito (CNPC), definidas por la instructora como «un producto financiero por el que se captaban fondos fiscalmente opacos asegurando esa condición a los clientes». Entre esas personas, acusadas de un delito fiscal, destaca Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno valenciano de Zaplana. El último apartado lo constituyen los testaferros.