La Patronal, contra la modificación del decreto

Respecto a los salarios de tramitación, es decir, a la supresión de las retribuciones que el despedido percibía desde que se le comunicaba el cese en su puesto de trabajo hasta que los juzgados sentenciaban que la ruptura era improcedente, el Gobierno baraja su restauración, pero estudia diversas fórmulas. Una es su restablecimiento durante el periodo que va desde el despido hasta el cobro del desempleo y otra es que los salarios existan en aquellos casos en los que el empresario rechace pagar la indemnización que marca la ley y, debido a esta postura, el proceso desemboque en los tribunales. Este cambio es el más delicado. CEOE, cuyos representantes también se reunirán con Zaplana próximamente, ya ha advertido que no permitirá que las modificaciones del Ejecutivo encarezcan los costes empresariales. Además, desde instancias socialistas se avisa que la restauración «parcial» de los salarios de tramitación podría poner punto final a la serie de recursos inconstitucionales abiertos por gobiernos autonómicos. En cuanto a cambiar el concepto de oferta adecuada de empleo, el ministro ha hablado de «mayor flexibilidad». El Gobierno está dispuesto a dar más oportunidades al parado y a que el Instituto Nacional de Empleo (Inem), antes de retirarle la prestación, examine sus circunstancias personales, familiares y profesionales. Igualmente, la clase de contrato que se ofrezca también podría tenerse en cuenta para medir la actitud del desempleado ante su inserción en el mercado laboral.