Díaz plantea ahora un SMI por ley nunca inferior al 60% del salario medio

Cuando la agenda laboral del Gobierno parecía estar paralizada ante la difícil aritmética para poder aprobar cualquier ley en el Congreso, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, da un paso adelante en su propósito de seguir elevando el salario mínimo interprofesional (SMI) cada año y, además, hacerlo de forma automática por ley, una apuesta que ahonda en el enfrentamiento que en estos últimos tiempos mantiene con la CEOE. Así, el Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa del diálogo social un borrador de texto para indexar el SMI, como mínimo, al 60% del salario medio. Lo hace a las puertas del Primero de Mayo y cuando este martes llevará al Consejo de Ministros por segunda vez el proyecto de ley para reducir la jornada. Además, la propuesta llega en un momento en el que Sumar no atraviesa su mejor situación política y en el que incluso se rumorea que hay tensiones dentro del Gobierno de coalición.

El documento que ya tienen los sindicatos y empresarios en sus manos establece que la renta legal más baja de España se fije de forma automática cada año en función de unos parámetros pero que, además, sea «en todo caso igual o superior al sesenta por ciento del salario medio neto en España", según recomienda la Carta Social Europea.

En la actualidad el Gobierno tiene la potestad de decidir cada año el nuevo SMI, previa consulta a los agentes sociales, basándose en cuatro parámetros: la inflación, la productividad, la coyuntura económica y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Díaz tendrá en cuenta estos cuatro factores pero los precisa y amplía. Así, además del IPC, aboga por incorporar en el nuevo modelo de cálculo también el poder adquisitivo y, además, exige que el nuevo salario mínimo tenga la «garantía de un nivel de vida digno» y suponga un «incremento de la cohesión social y de la convergencia social al alza, atendiendo al fenómeno de la pobreza laboral", según recoge el texto de seis páginas a las que ha tenido acceso este periódico. Además, defiende que «los aspectos distributivos atenderán especialmente a los salarios más bajos y considerarán el impacto del sexo». Igualmente, se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

Nuevo palo al diálogo social

A su vez, fija por ley la obligación de que la Comisión Asesora para analizar el SMI envíe previamente al Gobierno un informe antes de decidir la nueva cuantía y mantiene la obligación de solo consultar a los agentes sociales antes de fijar el nuevo salario. La CEOE ya ha manifestado su «rotundo» rechazo a este nuevo modelo de cálculo del SMI que —precisa— «no responde a razones sociales ni económicas, ni a normativas o mandatos europeos, sino una vez más, al igual que la propuesta de reducción de jornada, al pacto de coalición entre Sumar y PSOE».