Los derechos de los becarios llegan al Congreso con polémica y sin visos de salir
16/02/2026 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno y las organizaciones sindicales formalizan la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que se sitúa en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, tras un incremento del 3,1%. La nueva cuantía supone 37 euros más al mes y 518 euros adicionales al año respecto al SMI vigente en 2025 y beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Con polémica y sin visos de ver la luz, el nuevo Estatuto de los Becarios, lo que pretende ser la reforma laboral para dos millones de estudiantes en prácticas, pone rumbo al Congreso tras ser aprobado este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Este proyecto de ley busca erradicar prácticas como la de los falsos becarios, poner punto y final a los abusos laborales sobre este colectivo imponiendo límites y obligaciones a las empresas, así como darles nuevos derechos, como el de compensarles los gastos de transporte o manutención o disfrutar de descansos y vacaciones. "Hacemos una norma que es muy controvertida porque lucha contra la precariedad y hay fuelles que se resisten en muchos lugares", aseguró tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien mandó un mensaje al PP para que dé su apoyo en el Congreso, ante la falta de una mayoría que logre que salga adelante: «Queremos ver si el señor Feijóo está del lado de los jóvenes o le pega una bofetada a la juventud española». Si finalmente esta ley —que cuenta con el apoyo de los sindicatos y el rechazo frontal de la patronal y las universidades— lograra salir adelante, las empresas estarán obligadas a firmar por escrito un acuerdo o un convenio de cooperación específico con el centro formativo que recoja, entre otros aspectos, la duración máxima de los periodos de prácticas, los planes de formación individual con itinerarios formativos y la adscripción a una persona tutora designada por la empresa en coordinación con el tutor del centro educativo. Es decir, los estudiantes tendrán una doble tutorización para garantizar que las prácticas sean parte de su formación y aprendizaje y no un empleo encubierto. Cada tutor podrá tener, como máximo, de modo simultáneo, a cinco becarios a su cargo, tres en el caso de empresas con menos de treinta trabajadores. También se limita el número máximo de estudiantes por empresas, de forma que no podrán superar el 20% de la plantilla, aunque, independientemente de su tamaño, cualquier empresa podrá tener a dos personas en formación práctica no laboral. De igual manera, se establece un máximo de horas de prácticas: las curriculares no podrán superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación (se amplía al 33% para los másteres y doctorados) y las no curriculares.