El cambio anticipado del gas regulado al mercado libre tendrá penalización
En la práctica, el desfase entre el precio del gas y lo que figura en el recibo se acumula
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una intervención.
El límite a la subida de la tarifa regulada de gas (TUR) aprobado por el Gobierno para evitar un sablazo en el recibo a partir del 1 de octubre esconde una letra pequeña que cambia por completo las reglas de juego para los consumidores. A diferencia de lo ocurrido en la crisis energética de 2022, la norma que aprobó este martes el Consejo de Ministros no destina ni un solo euro de dinero público ni de créditos presupuestarios a subvencionar la factura del gas. En esta ocasión el Estado actúa únicamente como regulador e imparte un modelo de «compre ahora y pague después» que introduce una permanencia implícita: cualquier hogar que se beneficie de la contención tarifaria este invierno y decida cambiarse al mercado libre antes de tiempo tendrá que abonar un finiquito obligatorio de deuda en su última factura.
La respuesta del Ejecutivo a la espiral de precios por la guerra de Ucrania en 2022 incluyó partidas presupuestarias directas para asumir el sobrecoste energético, pero el esquema actual lo financian 100% los consumidores. En esta ocasión el Ejecutivo ha fijado una limitación temporal para evitar el golpe directo de una subida del precio de la materia prima que habría superado el 45% en el recibo final. Pero la realidad es que asume explícitamente que genera déficit y el tope del 15% en las siguientes revisiones de la TUR solo se aplicará hasta que se haya recuperado el desfase y se restablezca el equilibrio. Es decir la diferencia entre el precio real del gas internacional y lo que figura en la factura no se perdona, solo se pospone para cobrarlo en 2027.