El consorcio liderado por Sacyr compra ENA por 1.586 millones

Tras analizar una carrera que sólo han terminado tres de los 13 grupos competidores interesados tras abrirse el proceso en diciembre pasado -la exigencia de un precio tachado por algunos de «excesivo» parece haber sido determinante-, el presidente de la sociedad que controla las empresas públicas, Ignacio Ruiz-Jarabo, resaltó las bondades de la oferta ganadora, que supera en un 44% la cuantía económica mínima reclamada por el Estado. «Muy buena», «óptima» o «tremendamente positiva» fueron algunos de los adjetivos que utilizó para expresar su satisfacción por dicha propuesta. A su juicio, el consorcio ganador ha asumido garantías mayores para cumplir «el conjunto» de condiciones industriales exigidas por la Sepi. Así, junto a los requisitos «obligados» como la construcción de las autopistas que apruebe el Gobierno, su conservación y las limitaciones tarifarias impuestas por la ley, figuran otras circunstancias «adicionales» para un período de cinco años, entre ellas la permanencia del comprador inicial como socio mayoritario, el mantenimiento de los fondos propios de la sociedad, junto a la continuidad de su sede social en España y de las participaciones actuales en sus filiales. Respaldo sindical El proceso de privatización de ENA -que se culminará con la aprobación del documento final de venta por el Consejo de Ministros- se ha hecho con el visto bueno de CC.OO. y UGT, que en diciembre pasado dieron su apoyo a las bases del acuerdo, que obliga al adjudicatario a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales actuales. No obstante, los nuevos propietarios de la empresa pública de autopistas podrían tratar de negociar un nuevo marco de trabajo con los sindicatos, que se uniría a unos objetivos más ambiciosos. Y es que, según anunció el consorcio ganador a través de un comunicado público, confían en que la operación resulte «muy rentable» para sus integrantes. Según sus previsiones, los ingresos que se generarán a lo largo de la vida concesional -las cuatro grandes autopistas de ENA deben ser revertidas al Estado entre 2029 y 2050 según cada caso- superarán los 25.800 millones de euros, lo que deparará para los capitales invertidos una rentabilidad que no bajaría del 10%. Ante las dudas despertadas por las garantías de su propuesta económica, que supera con creces las de Ferrovial (que llegó hasta 1.450 millones de euros gracias a sus cuantiosos beneficios en 2002) y el consorcio Acciona-FCC (el tercero que hizo una oferta económica concreta tras la renuncia formal de la constructora OHL y la espantada de última hora de Abertis, que arguyó que podría incurrir en una posición dominante), el grupo liderado por Sacyr explicó que serán uno de sus socios, el SCH, y Ahorro Corporación, el órgano financiero de las cajas, los que cubran la oferta económica con dos créditos por un importe total de 1.300 millones.