Más de millón y medio de personas figuran en los registrosde morosos

Un descuido o un retraso en el pago de una letra o de un recibo puede tener como consecuencia la inclusión en una lista de morosos. En la actualidad, y según los datos de las principales compañías que administran este tipo de registros, más de medio millón de personas forman parte de estas listas negras. Entrar es fácil. Salir, cuestión de paciencia. Las numerosas compañías que elaboran estos registros argumentan que su objetivo es «proteger a todo el ciclo crediticio». De hecho, sus principales usuarios son bancos, cajas y entidades de marca (grandes superficies y establecimientos comerciales con medios de pago propios). El proceso suele ser el mismo en casi todos los casos: a los tres meses de que un cliente deja de abonar la cuota de un préstamo o un recibo, la entidad bancaria o la compañía acreedora facilita los datos del deudor a las firmas que gestionan las listas de morosos. Éstas, a su vez, deben de comunicar por escrito al deudor que sus datos van a ser incluidos en el registro para que, en caso de errores, pueda paralizar la inscripción. Errores Si hubiese alguna equivocación, el consumidor deberá hacerlo constar por escrito y enviarlo a la entidad financiera que facilitó sus datos o remitirlo directamente al fichero de morosos. Allí, antes de cinco días, comprobarán la información y, si es correcta, corregirán o cancelarán los datos que procedan. Fuentes de una de las gestoras aseguran que esta información «es sólo una alerta, no es decisiva porque aunque un cliente tenga una deuda impagada, la entidad puede hacer su propia valoración y concederle otro crédito». La cantidad de la deuda depende de la compañía que elabore la lista. El Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) y el de la Asociación Nacional de Entidades de Financiación (Asnef-Equifax) son algunos de los más importantes archivos de prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. En el primer caso, se inscribe a consumidores con deudas superiores a los 300 euros (50.000 pesetas), mientras que en el segundo no hay cantidad mínima estipulada. Según la ley orgánica de 1999 sobre regulación del tratamiento automatizado de datos, el plazo máximo para permanecer en este tipo de ficheros es de seis años -en el caso de la RAI es de 30 meses-, aunque la deuda ya se haya saldado. De todas formas, todos los gestores de este tipo de registros aseguran que los morosos desaparecen de sus listas en cuanto pagan. Profesionales De hecho, se quejan de que en muchos casos, pasado ese período, muchos deudores «desaparecen aunque no hayan pagado, lo que les permite solicitar nuevos créditos sin que las entidades conozcan su verdadera situación y se convierten en morosos profesionales». La ley, según explican fuentes de la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), señala que, para entrar a formar parte de una de estas listas negras, «la deuda debe ser cierta, vencida y exigible, es decir, que la hayan intentado cobrar». Además, recuerdan que los consumidores inscritos tienen derecho a acceder a sus datos «cuando lo deseen, corregirlos y cancelarlos en cuanto hayan saldado sus deudas». En caso de incumplimiento de la normativa, la Agencia de Protección de Datos puede imponer a las compañías multas que van desde los 600 a los 600.000 euros.