Kirchner somete a las empresas españolas a un nuevo cerco

Casi como si fuera una verdadera obsesión, el presidente de Argentina Néstor Kirchner, preparó en secreto un golpe definitivo para controlar y someter a las empresas en su mayoría europeas, y especialmente españolas, que se hicieron cargo de los servicios públicos argentinos en la década de los noventa. De la lectura del proyecto, denominado Régimen Nacional de Servicios Públicos, se desprende que las empresas privatizadas estarán obligadas a que el futuro cuadro de tarifas de los servicios públicos sea el más bajo posible. Cabe recordar que los empresarios vienen pidiendo al Gobierno argentino una subida de las tarifas para poder compensar la devaluación de la moneda y la pesificación de la economía del país. Estas peticiones molestan sobremanera a Kirchner, que respondió con amenazas, negativas y ahora con un instrumento legal que los callará definitivamente. Calidad Según este decreto, que se extiende por 12 folios y del que por razones de seguridad, sólo se han hecho cuatro copias, las compañías tampoco podrán aspirar a ninguna garantía de rentabilidad y el Gobierno podrá establecer subsidios directos para mantener la equidad social cuando se apliquen ajustes. También diseña las conductas centrales que marcarán la explotación de la distribución de electricidad, gas natural, correos, telefonía, aeropuertos, transporte ferroviario y transporte público de pasajeros. El documento determina además que los ajustes de tarifas se instrumentarán para posibilitar la continuidad del servicio y cumpliendo normas de calidad y seguridad. Pero aclara que se debe asegurar la tarifa más baja posible, compatible con la sustentabilidad del servicio en las condiciones de calidad establecidas en la concesión o la licencia. Un párrafo en especial parece haber sido dictado por el pro-pio Kirchner, ya que alude a un reproche que constantemente hace el presidente a las empresas: las privatizadas deben tener una rentabilidad razonable. Kirchner insiste cada vez que la oportunidad se lo permite, en que en los últimos años, la rentabilidad en Argentina fue muy superior a la que tenían las compañías en sus países de origen. Lo dijo también de manera más vehemente: «Se llevaron la plata a carradas». Renovación de contratos Por supuesto, el documento recoge también el tema de la renovación de los contratos y dice textualmente: «Las concesiones y licencias, por principio, no podrán prorrogarse. El Poder Ejecutivo Nacional deberá iniciar, con adecuada antelación, el procedimiento para preparar un nuevo llamado a licitación». También se establecen penas para los funcionarios públicos que pacten con las empresas planes de inversión que provoquen un perjuicio al Estado. Las empresas deberán dejar claro el grado de responsabilidad de sus casas matrices respecto a la propuesta de explotación de los servicios. También se obliga a dirimir los litigios en los tribunales argentinos. El documento se hará público la próxima semana, lo que provocará la reacción de las empresas afectadas por las medidas.Asimismo, el Gobierno argentino ultima los detalles de una reforma del sistema de previsión social, en la que se prevé que los trabajadores aporten una parte de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y otra parte al Estado.El proyecto de reforma propone la creación de cuentas individuales para cada trabajador.