Las aerolíneas denuncian las ayudas públicas a compañías de bajo coste

Las aerolíneas tradicionales llevarán al Tribunal de Luxemburgo las ayudas públicas de las que se benefician las compañías de bajo coste, al considerar que la decisión de la Comisión Europea sobre la situación de Ryanair en el aeropuerto belga de Charleroi sólo ha sido un mero «parche». Iberia, a su vez, recabará información sobre las subvenciones que recibe el citado operador británico por operar en España, a fin de analizar si tienen un carácter discriminatorio y son denunciables ante Bruselas. La batalla entre los operadores convencionales y los de bajo coste se encuentra en su máximo apogeo. Así quedó patente ayer tras conocer que la Asociación Aerolíneas Europeas (AEA) está preparando un recurso contra el fallo de las autoridades comunitarias sobre el llamado caso Charleroi. En su opinión, la sanción impuesta a Ryanair - la devolución de una cuarta parte de las ayudas recibidas de las autoridades regionales de Valonia (Bélgica), unos 15 millones de euros- es «injusta» para sus asociadas, ya que permite de hecho una situación de «desigualdad» dentro del mercado. No obstante, esa medida no es óbice para que a su vez cualquier compañía aérea que se considere afectada «en particular» puede presentar su propio recurso. Denuncia particular En este sentido, el director general de Iberia, Enrique Donaire, admitió que «seguramente» presentarán su propia iniciativa legal al respecto -ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo-. «Fue un parche, una solución salomónica -añadió-, que no avala el principio de que la ley debe ser igual para todos». No será esa la única decisión que tome a medio plazo la aerolínea española de bandera respecto a los operadores de bajo coste. Según fuentes de Iberia -que debido a esta nueva competencia reducirá un 12% sus costes hasta 2005-, la empresa que preside Fernando Conte contactará en próximas fechas con las diferentes Administraciones públicas para conocer qué clase de subvenciones, de qué cuantía y con qué argumento se conceden a esas empresas. Su punto de mira está centrado en la Generalitat de Cataluña y el aeródromo de Girona, donde el Ejecutivo regional y la Diputación provincial han ofrecido tres millones de euros a Ryanair por instalarse allí.