El Gobierno protegerá al pequeño comercio con restricción de horarios

El Gobierno protegerá al comercio minorista con una política de horarios comerciales más restringidos, una transparencia mayor en los pagos efectuados con tarjeta, y cambios legales que introduzcan las nuevas normas de la Unión Europea en relación a las promociones de ventas y la competencia desleal. Así lo anunció el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, durante su primera comparecencia oficial ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, en la que también apostó por luchar contra los monopolios de los grandes operadores en la distribución, debido a su «papel» en el aumento de la inflación. Montilla no dejó escapar su presencia en el Parlamento para justificar el nuevo modelo comercial que anunció la semana pasada a preguntas de un diputado del Partido Socialista Catalán. Esta «iniciativa unilateral» molestó a los populares, quienes se quedaron solos dentro de la oposición en su crítica a esa regulación de los horarios (con mínimos de apertura de 72 horas semanales y ocho domingos o festivos al año). Desde el primer partido de la oposición, que se mostró abierto al diálogo ofrecido por el ministro, se le pidió que no parta de «posiciones apriorísticas» y «huya del maniqueísmo entre buenos (supermercados y tiendas de barrio) y malos (hipermercados)». Fueron los únicos reproches políticos a un sistema «más realista» aplaudido por los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, que buscara «el máximo respeto» a las competencias de las autonomías. Montilla también salió al paso de las críticas lanzadas desde las grandes superficies sobre el carácter restrictivo del nuevo modelo, al afirmar que España «no está a la cola de Europa» en materia de liberalización, «ni siquiera en la media..., aunque tampoco creo que debamos estar a la cabeza». «En otros países de la UE son más intervencionistas», apuntó. Futuro del carbón Sobre el futuro de la minería del carbón en España, el ministro recordó los problemas a los que se enfrenta, entre ellos, adecuar el régimen de ayudas a las mayores exigencias de la UE. Así, avanzó que el Plan del Carbón se reformará en profundidad, buscando «la mayor participación y consenso posibles» con las autonomías y los sindicatos».