Ministerio y agricultores vuelven a medir sus fuerzas, esta vez por la PAC

El Ministerio de Agricultura y las asociaciones profesionales del campo volverán a medir sus fuerzas el próximo miércoles, esta vez por la reforma de la política agraria común (PAC), aprobada por la Unión Europea hace trece meses -salvo los cultivos mediterráneos, incluidos en abril pasado- y que el Gobierno pretende empezar a aplicar, aunque sea en parte, en enero de 2005. Los representantes de los agricultores, defraudados tras la ruptura de las negociaciones sobre el gasóleo, plantearán múltiples objeciones a los planes ministeriales. La aplicación de los cambios decididos en Bruselas se hará de forma centralizada, nacional y única, según acordaron las administraciones afectadas, Estado y comunidades autónomas, en octubre del 2003. El equipo de Espinosa respetará este criterio, por lo que Cataluña no retirará el recurso que tiene interpuesto ante el Constitucional al considerar que ese modelo vulnera su ámbito competencial. El País Vasco comparte el mismo criterio, aunque no acompañó a la Generalitat en su iniciativa jurídica. Juntos pero separados Las autonomías, que se reunirán el jueves con la ministra en conferencia sectorial, están lejos de alcanzar una postura común sobre el desacoplamiento de las ayudas comunitarias. Este punto es el principal y el más polémico de la reforma, pues desvincular esos fondos de la producción «implica un riesgo de deslegitimación social» de las aportaciones en el tiempo, según el Ministerio. Agricultura y las organizaciones profesionales (Asaja, Coag, UPA y Cooperativas) distan mucho de un posible consenso en esta cuestión. La postura de Agricultura es desacoplar las ayudas sólo en parte, «debido a las limitaciones productivas en regiones determinadas, donde se identifica un riesgo de abandono de la actividad agraria», según el documento entregado a las asociaciones. Dentro de éstas, Asaja es, sin duda, la más alejada del Ministerio, pues reclama un desacoplamiento total, no porque les guste este sistema (de hecho se opusieron a él con firmeza antes de ser aprobado), sino porque entienden que lo contrario sería sólo una «política de paños calientes».