El Tribunal de Estrasburgo declara ilegal parte de la ley española del IVA

Hacienda tendrá que devolver decenas de millones de euros a las empresas españolas que, por cobrar subvenciones públicas a su actividad, han visto como se recortaban las deducciones que se podían aplicar en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Es la consecuencia de la sentencia dictada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, que declara «ilegal» esa limitación introducida por España en su legislación desde enero de 1998, ya que «va más allá» de los límites permitidos por las normas comunitarias. Este fallo, esperado por cientos de contribuyentes, pone fin a un largo litigio iniciado el 20 de abril del 2001 por la Comisión Europea, en respuesta a una denuncia presentada por la empresa municipal de transportes de Sant Cugat del Valles. Esta alegaba que había sido «discriminada» en relación a otras compañías. El motivo era que, por el hecho de recibir ayudas económicas del Ayuntamiento (para comprar autobuses o cualquier otro bien o servicio que necesitasen para su labor profesional), el porcentaje de IVA que podía deducirse era inferior al que hubiera tenido derecho sin esa aportación. Lo mismo ocurre, en realidad, con buena parte de las empresas del sector público que reciben subvenciones -siempre que éstas supusieran una cantidad significativa respecto al total de su facturación-, ya pertenezcan a la Administración central o territorial. Lista de empresas En la lista aparecen, además de la sociedades municipales de transporte (EMT), cadenas de televisión públicas, astilleros, trenes (Renfe) y vías Adif, aeropuertos (Aena) y puertos, es decir, sectores intensivos en capital que han recibido importantes ayudas públicas. También resultaría afectada cualquier empresa que, por colocar su sede en una determinada comunidad autónoma o municipio, o abrir una fábrica allí, recibe algún tipo de subvención, y esta provocó que en su día pudiera deducirse menos en el IVA. Los despachos de abogados que asesoraron a estas compañías estiman que el número de afectados por este fallo supera el millar, de forma que la cantidad de dinero que el fisco podría verse obligado a devolver sería de decenas de millones.