La?reforma?de pensiones obliga al 3% de?los?trabajadores?a?retrasar?el?retiro La policía desmantela una red que conseguía asistencia sanitaria fraudulenta a jubilados holandeses

Tres de cada 100 trabajadores que podían jubilarse en los próximos meses tendrán que esperar más tiempo para acceder a su pensión, de acuerdo con la reforma de la Seguridad Social negociada entre el Gobierno, las patronales Ceoe y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT. El porcentaje figura en uno de los estudios realizados por los interlocutores para detectar los resultados y el alcance de los cambios, y el retraso obedece a la ampliación del periodo mínimo de cotización exigido por el sistema para recibir una pensión contributiva. Además, la reforma abre la puerta para que la reducción de las cotizaciones sociales a los empresarios se amplíe hasta los trabajadores de 55 años. Ahora, las aportaciones por los asalariados de 60 años, que lleven en la compañía un mínimo de cinco años, se reducen un 50%. Las variaciones a introducir extienden el descuento a los trabajadores de 59 años (siempre con la antigüedad señalada), pero en un porcentaje del 40%. De todas las modificaciones pactadas, esta medida es la que mayor beneficio aporta a los empresarios. Supone una rebaja de los costes laborales que soportan. Y, cara al futuro, la reforma también contempla que en función de la situación financiera de la Seguridad Social las reducciones se puedan continuar hasta los trabajadores de 55 años. No obstante, se trata de una iniciativa a concretar tras la firma del acuerdo definitivo, que previsiblemente tendrá lugar en la primera semana de junio. Dos medidas de ahorro En líneas generales, la reforma mejora la protección social. Sólo contempla dos medidas de ahorro. Una son los ajustes que se aplicarán a la jubilación parcial para que no grave en exceso al sistema. Entre las iniciativas aprobadas figura el aumentar en un año la edad (de 60 a 61) de los trabajadores que pueden optar a esta clase de retiro. Los responsables de la Seguridad Social deseaban acabar con la figura de la jubilación parcial, pero el resto de los negociadores se da por satisfechos si la opción «deja de ser una vía universal de jubilación anticipada sin coeficientes reductores». La otra medida que aminora el gasto de la Seguridad Social es el incremento del tiempo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación. El sistema denomina a este requisito «periodo de carencia». En este sentido, la reforma provocará el retraso obligatorio de la jubilación de muchos trabajadores, que tendrán que cotizar 5.475 días en lugar de los 4.700 actuales. El documento negociado mantiene la necesidad de aportar a la Seguridad Social durante 15 años. Pero, este periodo se queda en 12,8 años por una interpretación administrativa de 1983, que dejó contabilizar las pagas extraordinarias como tiempo de cotización. 77 días por semestre A partir de la entrada en vigor de los cambios, el periodo mínimo para generar la pensión de jubilación será de 15 años «efectivos», es decir, de 5.475 días o su equivalente real en día/cuota. El aumento se llevará acabo a lo largo de cinco ejercicio a razón de 77 días por semestre, de manera que al final del lustro se cumplirán los días exigidos. Uno de los informes barajados tras las últimas reuniones del Gobierno, los empresarios y los sindicatos refleja que el número de afectados por la ampliación del periodo de carencia en relación con el total de afiliados es bajo. Rondará el 3% de los trabajadores jubilables. En el Régimen General, la proporción cae a menos del 2%, mientras que sube en los Regímenes Especiales del sistema (Agrario, Autónomos, y Empleados de Hogar). Varios de los interlocutores coinciden en que el cambio tendrá «un impacto mínimo». «De todas las maneras quien tenga problemas para llegar a los 15 años de cotización padecerá un conflicto laboral no de pensiones», resaltaron fuentes próximas a la negociación. La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional ha desmantelado una red que se dedicaba a conseguir asistencia médica gratuita a jubilados holandeses. Casi un centenar de pensionistas cotizaban a la Seguridad Social a través de una falsa empresa por trabajos inexistentes. Los tres responsables de la estafa han sido detenidos. El fraude, detectado en Girona, Barcelona, Alicante y Málaga y en vías de generalizarse en otras provincias, tenía como centro una empresa ficticia llamada Mutualis, que no constaba inscrita en ningún registro oficial español. Los pensionistas extranjeros eran dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de esa compañía, con la que no mantenían ninguna relación laboral real. Los jubilados se ahorraban así los más de 7.000 euros anuales del seguro que tendrían que contratar en su país, ya que desde el pasado 1 de enero la legislación de los Países Bajos obliga a sus pensionistas a suscribir un seguro y a pagar la cuota correspondiente en Holanda. Los pensionistas accedían al sistema de Seguridad Social español por 1.050 euros anuales, en una cuota de inscripción de 350 euros y de cuotas trimestrales de 150 euros. Además de ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, adquirían pleno derecho para todos los beneficios del sistema, tales como la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad temporal o permanente e incluso jubilación, produciendo con ello un perjuicio patrimonial a las arcas públicas que todavía no ha sido cuantificado. Mutualis canalizaba las altas en la Seguridad Social a través de dos empresas de Barcelona, que remitían a los pensionistas unos contratos a tiempo parcial con el mínimo porcentaje de jornada laboral.