Los municipios quieren duplicar el IBI a los propietarios de viviendas

La voracidad impositiva sobre los propietarios de vivienda no se limita a quienes poseen un inmueble deshabitado. Si se cumplen los deseos de los municipios españoles, los propietarios de cualquier vivienda pueden acabar duplicando y en algunos casos triplicando la cantidad que abonan en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los ayuntamientos agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pretenden negociar con Hacienda una reforma que sustituya el valor catastral utilizado actualmente para calcular la tasa del IBI por el valor real de la vivienda a precio de mercado. En el fondo de la propuesta subyace la intención de los municipios de aumentar su autonomía fiscal respecto de la Administración cental y el aumento de su capacidad recaudatoria. Otros impuestos La aplicación del IBI sobre el valor real de las viviendas supondría un elevado incremento del impuesto para los propietarios y unos ingresos considerables para los ayuntamientos. En función del tipo de municipio, la recaudación por el IBI podría duplicarse y en casos extremos como el de Madrid capital, triplicarse. La FEMP tiene abiertas negociaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda para aumentar no sólo el gravamen de la vivienda sino también el de actividades económicas (IAE) y el de la plusvalía municipal. Este último impuesto obliga a entregar a los municipios una cantidad por las ganancias obtenidas al vender una vivienda respecto al valor de compra. La posible modificación del IBI atendiendo al valor real de los inmuebles se enmarca en la negociación que los ayuntamientos mantienen con el Gobierno de cara a la nueva Ley de Haciendas Locales, en la que los municipios pretenden incluir también la posibilidad de duplicar el gravamen del IBI para los propietarios de casas deshabitadas. La Ley de Haciendas Locales establece actualmente que la base imponible para calcular el IBI a pagar está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. El problema que alegan los ayuntamientos es que ese valor catastral, además de representar sólo el 50% del precio real de la vivienda como media, carece de una relación con el precio de mercado ya que su actualización se produce cada 10 o 15 años. Hacienda cuenta ya con mecanismos aplicables para determinar el valor real de la vivienda en función de la ubicación, al margen del registro catastral. Según los últimos estudios, en municipios como Madrid el valor catastral representa sólo el 15% de la valoración real de las casas. Además del incremento generalizado del IBI, los ayuntamientos pretenden establecer unas escalas en torno a este tributo que tengan en cuenta el nivel de renta de los propietarios, introduciendo de este modo la progresividad en el impuesto. Con este mismo criterio, se plantea crear un catálogo de bonificaciones en el IBI para colectivos desfavorecidos como pensionistas, viudos o discapacitados. Las negociaciones con Hacienda están bien encauzadas y en principio el departamento dirigido por Solbes estaría dispuesto a establecer tres tramos en el IBI. El Gobierno es reacio a introducir una escala más compleja en los tributos municipales debido al principio general que inspira su política fiscal que es, además de la rebaja impositiva, el de la simplificación de los impuestos. La polémica en torno a la necesidad de sacar al mercado más vivienda de alquiler esconde una lucha soterrada entre ayuntamientos, comunidades y Gobierno central por gestionar los beneficios fiscales que esa política conlleva. Mientras los municipios y los gobiernos autonómicos son partidarios de gravar los impuestos a los propietarios, especialmente a quienes mantienen desocupadas sus viviendas para especular en el mercado, el Gobierno tiene el enfoque completamente opuesto. El departamento dirigido por Solbes considera que la presión fiscal no es suficiente para que quien tiene un inmueble vacío se arriesgue a ponerlo en alquiler. Por ello, apuesta justamente por lo contrario: ofrecer beneficios fiscales a los dueños de este tipo de viviendas a cambio de que las arrienden. Definición Mientras se dilucida esta cuestión, ayuntamientos y comunidades elaboran sus propias propuestas. Los municipios reclaman un au-mento del IBI, un impuesto de recaudación municipal, mientras las comunidades proponen aplicar un canon a los dueños de viviendas vacías, para lo que tienen competencias plenas. El problema es que unos y otros, con excepción del País Vasco, dependen del Gobierno para establecer la definición de inmueble desocupado. Los candidatos del PSOE a las alcaldías de las capitales de provincia apostaron el sábado por aplicar decisiones que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos y reprocharon al PP que haya fomentado la especulación con la vivienda y protagonizado numerosos casos de corrupción urbanística. La especulación urbanística fue la idea central de Patxi Lazcoz, quien acusó a los dirigentes populares de pueblos y ciudades de «mirar para otro lado» ante la imposibilidad de muchos, especialmente jóvenes, de acceder a una vivienda digna mientras «se están dando la mano por debajo de la mesa con los especuladores». La Constitución, apuntó el candidato de Vitoria, habla del derecho a una vivienda digna, no sobre «dignos dividendos con el negocio de la vivienda», ni dice que las plusvalías sean «para engordar las bolsas de los poderosos, de los cuatro amigos, sino que tienen que revertir en la comunidad».